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J.M.L.
Ciudad Real
Miércoles, 25 de noviembre 2020, 13:51
El Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso (Ciudad Real) ha abierto diligencias por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro al director de una residencia de ancianos de esta localidad y a la fundación propietaria del centro. Esta ... decisión del juzgado se produce después de que un grupo de familiares de estos ancianos presentara una denuncia contra la Fundación Elder, propietaria de la Residencia Elder, y su director, José Manuel Sampedro Lara, a quienes responsabilizan de la muerte de 76 mayores por la covid-19 entre marzo y junio.
El juzgado ha solicitado para su investigación un informe a la propia residencia sobre las medidas aplicadas entre febrero y mayo para frenar la propagación de la covid en esta instalación, ubicada en la conocida como «Wuhan de La Mancha» debido al elevado número de infectados que registró Tomelloso en los primeros meses de la pandemia.
Según la denuncia presentada por estas familias, la dirección del centro no atendió a finales de febrero la petición del servicio de enfermería de la residencia para dotar a los empleados de equipos de protección individual y establecer un criterio de actuación ante la extensión del virus en Tomelloso. Sólo accedió a colocar dispensadores de gel hidroalcohólico y carteles informativos en varias zonas del edificio.
El 10 de marzo se confirmó el primer caso de un residente contagiado y el director de la residencia optó por marcharse sin haber fijado protocolos de actuación ni haber adquirido equipos de protección. Seis días más tarde regresó el director pero la situación ya se había descontrolado: los contagios se multiplicaban, se registraban los primeros fallecimientos e incluso uno de los trabajadores del centro tuvo que a acudir a un bazar chino del pueblo para comprar mascarillas.
Finalmente, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) decidió intervenir la residencia el 18 de marzo y relevar del cargo a José Manuel Sampedro, que volvió a la dirección a finales de junio, cuando el Sescam dejó de intervenir el centro geriátrico.
Según el juzgado, la gravedad de estos hechos obliga a depurar posibles responsabilidades tanto penales como civiles pues se deduce que los ancianos estuvieron desamparados y en grave riesgo y el denunciado no cumplió su deber de cuidar y prestar asistencia médica a los residentes.
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