La ley del aborto blinda la prohibición de los anuncios de prostitución

La enmienda socialista, de hecho, vuelve a colocar este asunto justo en los términos de prohibición total y expresa en que quedó hace dos meses con la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', que incluía el mismo cambio ahora ratificado en la ley de publicidad. El problema surge porque el texto del proyecto de ley del aborto que el Consejo de Ministros aprobó en agosto y mandó al Congreso mantenía la ilicitud de cualquier publicidad sexista, machista, que promueva la violencia contra la mujer o los menores o que discrimine por sexo, raza, aspecto, opción sexual o discapacidad, pero suprimía, en contra del criterio socialista, la coletilla explícita relativa a la prostitución incluida en el 'solo sí es sí'.

Esta modificación es una de las que hoy introdujo en la futura ley la Comisión de Igualdad del Congreso, que dejó cerrado el texto prácticamente definitivo de la norma que en pocos días será aprobado por el pleno de la Cámara Baja. Es la ley que libera a las chicas de 16 y 17 años de contar con permiso paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo, tal como les impuso el PP. La futura ley, que deberá ser ratificada después por el Senado, también garantiza, entre otras medidas, la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos próximos al lugar de residencia y la existencia de bajas por reglas incapacitantes, implanta un permiso prenatal desde la semana 39 y una convalecencia tras el aborto y asegura la gratuidad de anticonceptivos de última generación y de la píldora del día después.

Otra modificación importante al texto gubernamental aprobada hoy es la que fija un procedimiento judicial urgente y tasado para solventar los casos en los que una menor de 17 años quiera interrumpir voluntariamente su embarazo, pero no cuente con la autorización de sus padres o tutores legales, un permiso expreso indispensable para que los especialistas sanitarios puedan realizarle esta intervención.

La enmienda, patrocinada por PSOE y Unidos Podemos, indica que el conflicto lo resolverá un juez mediante un procedimiento que «tendrá carácter urgente». El magistrado estará obligado a nombrar un defensor judicial que garantice los derechos e intereses de la menor durante el procedimiento y el fiscal estará obligado a intervenir en las actuaciones.

El paquete de modificaciones aprobado exige a los centros sanitarios medidas organizativas para que los médicos que no objeten a la realización de abortos no puedan ser relegados en exclusiva a realizar este tipo de intervenciones y para que ningún facultativo pueda ser discriminado en forma alguna por objetar o por no hacerlo. De igual manera, se añade al texto original la prohibición de que los facultativos que sí objeten puedan formar parte de los comités médicos que deciden si está indicada una interrupción del embarazo fuera del plazo voluntario de las 14 semanas de gestación ante el riesgo para la salud de la madre o de malformaciones del feto.

La enmienda que quedó sin embargo rechazada, pese a ser respaldada por Ciudadanos y los nacionalistas de EH Bildu, PNV, JxCat o ERC, es la que pedía sacar del texto de la futura ley todos los puntos relativos a la gestación subrogada. La norma la define como «explotación reproductiva», reclama campañas públicas que informen de su ilegalidad en España, considera ilícita toda publicidad de las empresas que comercializan estos servicios y contratan a los vientres de alquiler en el extranjero e insta a los poderes públicos a perseguirla y castigarla. Lo curioso es que la formación que hizo imposible que esta enmienda hubiese triunfado, aunque el PP hubiese votado a favor, fue Vox, que repudia por completo de toda la ley del aborto, pero rechaza con igual intensidad esta práctica.

No solo la penalización de la gestación subrogada permanecerá en la nueva ley del aborto sino que, debido a una enmienda de los dos socios en el Gobierno, se amplían los organismos facultados para vigilar y denunciar especialmente esta publicidad ilegal a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, los institutos de la mujer, la Fiscalía y las asociaciones sin ánimo de lucro y ONG que tengan como fin único la defensa de los intereses de la mujer.