Más de 55.000 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia

Los números se traducen en en «dolor y sufrimiento». Y en muerte en un limbo asistencial: «el 79,4% de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron como consecuencia del fallecimiento de la persona pendiente de atención». Pero todavía quedan más de 232.000 personas aguardando que sea aprobada su condición de dependiente para comenzar a recibir sus correspondientes prestaciones. Y «hay que añadir 141.556 expedientes que están pendientes de valoración». Cada expediente, una persona en situación de necesidad. En total, 373.800 personas sin una respuesta.

Que el coronavirus se cebó en las personas dependientes se ratifica con las cifras suministradas en el estudio. En residencias murieron 72.804 mayores, y con ayuda a domicilio, otras 173.426. Es un exceso de mortalidad –cifrada en 26.340 dependientes– que pasa por debajo del radar de los datos oficiales. «Una muerte de cada tres es un exceso de fallecimientos. No se pueden atribuir directamente a la covid pero sí a circunstancias sanitarias deficientes».

La muerte de los mayores han reducido las listas de espera. «De las 35.592 personas que la han abandonado entre marzo y diciembre el 86,8% lo ha hecho como consecuencia del fallecimiento de la persona pendiente de atención», especifica el documento.

En cuanto a los cuidadores, unas 450.000 personas reciben las prestaciones económicas por cuidados familiares, que son de 306 euros en promedio. Parten de los 138 euros al mes para los que están a cargo de personas con menor grado de dependencia, y llegan a 335 para los «cuidadores no profesionales», una categoría que puede ser reconocida en la Seguridad Social pero en la que sólo se ha dado de alta el 13% del total, unas 60.000 personas. Además se han perdido 14.500 plazas en las residencias.

La situación es «terrorífica», sentenció Ramírez. «La mayoría de las comunidades autónomas están suspendidas, sólo aprueban ocho y con notable tres: Castilla y León, Andalucía y Galicia».

La esperanza está en el fin de la era de los recortes, que comenzaron en 2012. Para estos presupuestos se esperan 623 millones de euros, que permitirán que unas 100.000 personas se integren en el sistema, «siempre que los procedimientos de gestión sean ágiles, porque no es sólo una cuestión económica», asegura Ramírez. «Confío en que lo que se ha visto en 2020 no sea una tendencia. Confío en que esta fase de retroceso acabe en el momento en que empiecen a implementar el desarrollo del sistema de dependencia a partir de los nuevos fondos».