Unos 350.000 LGTBI fueron agredidos por su orientación sexual en el último lustro

Cuatro de cada diez homosexuales, bisexuales y trans españoles han sufrido un acto o un delito de odio en el último lustro. Unos 350.000 han sido agredidos por su opción sexual y algo más de un millón han experimentado el acoso o la discriminación de quienes se niegan a aceptar su derecho a la libre elección vital.

Son dos de los datos que saca a la luz la investigación realizada por Felgtbi y la empresa 40db a partir de las entrevistas a 800 ciudadanos LGTBI mayores de 18 años, una muestra representativa de los 3,5 millones de españoles que forman parte del colectivo. Desvelan el volumen de esta lacra silenciada coincidiendo con el día en el que los organismos internacionales reafirman cada año su compromiso contra la LGTBIfobia.

Las respuestas indican que uno de cada tres encuestados fue víctima de discriminación (33%), que un porcentaje parecido sufrió acoso (29%) y que casi uno de cada diez, exactamente el 10%, relata haber sufrido agresiones de odiadores. Esto significa que, comparado con un año antes, crecen 1,5 puntos las agresiones, lo que significaría otras 50.000 víctimas más en el último lustro, y se disparan 5,5 puntos las discriminaciones, con casi 200.000 damnificados más.

Entre los atacados, más del 40% sufrió una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave (bofetadas, puñetazos, caída al suelo). Entre los acosados, abundan los insultos, el trato degradante y el aislamiento social. La discriminación, en el 40% de las ocasiones se dio en el ámbito laboral y en más de otro 45% fue la denegación de algún derecho. El 80% de los discriminados por ser LGTBI lo fueron más de una vez en los últimos cinco años. De hecho, hay un 10% de víctimas que declara haber sufrido marginación más de diez veces en ese lapso de tiempo.

En muchos casos los afectados fueron víctimas de más de un tipo de violencia y este enorme volumen de actos de odio se concentró especialmente en los transexuales, en los más jóvenes, en los más desfavorecidos y tuvo como escenario más repetido la calle.

Acosadores, agresores y segregadores atacan especialmente a homosexuales, bisexuales y trans de menos de 24 años, seguidos por la franja de los adultos jóvenes (25 a 34 años). Las víctimas del odio abundan sobremanera entre quienes tienen ingresos brutos mensuales inferiores a 2.000 euros, seguidos de cerca por los que oscilan entre 1.000 y 2.000. Los ataques son sensiblemente más bajos entre las rentas más altas.

El lugar donde hay mayor número de persecuciones o agresiones es la calle, escenario de conflicto el 40% de las ocasiones, seguido por los lugares de ocio y los espacios frecuentados por miembros del colectivo. En orden descendente les siguen los actos de odio en el transporte público, centros sanitarios y de estudios, el trabajo y el hogar.

Pero este problema tiene una grave segunda parte. Es una violencia silenciada, oculta. Solo el 16,5% de las víctimas denuncia las vejaciones y ataques en comisarías o cuarteles. Una de cada seis. Las razones son variadas. Van desde la ausencia de pruebas, de apoyo familiar o la vergüenza hasta una alta y preocupante falta de confianza en la labor de la policía y la justicia. Uno de cada tres no denuncia porque cree que no va a servir de nada, uno de cada cinco por miedo a una reacción LGTBIfóbica de la policía y un 12% por falta de confianza en los agentes. Incluso uno de cada cinco denunciantes censura que le llamaran a declarar en la investigación de un caso diferente al suyo.

Los autores del estudio ponen sobre la mesa otro dato que cuestiona la diligencia y eficacia del trabajo policial contra esta lacra. Primero, constatan que, según las cifras del Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad investigaron en el último lustro 1.738 delitos de odio por orientación o identidad sexual. Después, hacen una simple regla de tres. Si 350.000 españoles fueron agredidos por este motivo en cinco años y la infradenuncia es del 83,5%, a las comisarías tuvieron que llegar unas 57.000 denuncias en ese período. En otras palabras, solo constan registrados como delitos de odio LGTBI el 0,6% de los hechos notificados.

El tremendo desfase entre la cifra oficial y la estimación calculada con las confesiones de los encuestados lleva a Felgtbi a preguntar dónde están esos más de 55.000 actos violentos no registrados por el Ministerio del Interior y qué ha pasado con los hechos denunciados. El secretario de Organización de la federación, Ignacio Paredero, señala que «las cifras recogidas por el informe se parecen bastante a los datos oficiales de Inglaterra y Gales, por lo que podemos sospechar que en España nos encontramos ante un problema de infradetección. Esto implica que existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal. Estamos ante un verdadero iceberg del odio».

La presidenta de la organización, Uge Sangil, subrayó que, «con estas cifras en la mano, seguimos reivindicando a Interior una mayor eficiencia en la recogida de datos. También exigimos que se imparta formación a las fuerzas de seguridad del Estado para que su sensibilidad con los problemas del colectivo sea real y que se creen unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género».