Unos 300.000 LGTBI sufrieron agresiones en los últimos cinco años

Unos trescientos mil homosexuales, bisexuales y trans españoles habrían sufrido agresiones por su opción sexual en los últimos cinco años y sobre un millón de ellos habría experimentado en el mismo lustro el acoso y la discriminación de quienes se niegan a aceptar su libre elección vital.

Son dos de los datos centrales que ha sacado a la luz la investigación demoscópica realizada por Felgtbi y la empresa 40db a partir de las entrevistas a 2.491 ciudadanos LGTBI mayores de 18 años, una muestra representativa de los entre 3,3 y 3,8 millones de españoles que forman parte de este colectivo. Han querido desvelar esta lacra silenciada justo el día en el mundo reafirma cada año su compromiso contra la LGTBIfobia.

Las respuestas aclaran que casi uno de cada tres encuestados fue víctima de acoso (29%) u objeto de discriminación (27,5%) por su opción sexual y que casi uno de cada diez, el 8,6%, relata haber sufrido agresiones de odiadores. En muchos de casos fueron víctimas de más de un tipo de violencia. El volumen de actos de odio es enorme, pero además se concentra especialmente en los más jóvenes y en los más desfavorecidos y tiene como escenarios más repetidos la calle y el centro de estudios.

Las discriminaciones se ceban con los menores de 24 años y los acosadores y agresores atacan especialmente a homosexuales, bisexuales y trans de entre 25 y 34 años, seguidos también por los más jóvenes. Las víctimas del odio abundan sobremanera entre quienes tienen unos ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros, aunque seguidos de cerca por los que no llegan a 2.000. Los ataques se quedan en la mitad o incluso en la tercera parte entre los que disponen de más de 4.000 euros al mes.

El lugar donde sufren el mayor número de persecuciones o agresiones es en la calle, citada entre el 70% y el 80% de las ocasiones, pero con un segundo escenario fundamental, el colegio, espacio de opresión y vejaciones del 55% y al 62% de las veces. En orden descendente les siguen los actos de odio en el transporte público, en los bares, el trabajo, el hogar y en los centros sanitarios. No obstante, los bares se colocan en tercer lugar y los ambulatorios y hospitales escalan cuando de lo que se habla es de agresiones.

El termómetro de los afectados deja pocas dudas sobre que el problema se agrava. Forzados a optar, creen que las discriminaciones tienden a reducirse algo, pero que los discursos de odio y los actos de violencia contra ellos van a más. Su percepción cuadra con un dato oficial. Las denuncias por delitos de odio contra LGTBI subieron un 68% en 2021.

Pero el problema tiene una segunda parte. Es una violencia silenciada, oculta. Los miembros del colectivo confiesan que solo denuncian las vejaciones y ataques recibidos en comisarías y cuarteles el 20% de las veces. Las razones para no hacerlo son múltiples. Van desde la falta de pruebas, de apoyo familiar o la vergüenza a la falta de confianza en la policía, que se traduce en que piensan que no les va a creer y que dar el paso no va a servir de nada como demuestra el que son ataques que se repiten de continuo. La percepción de que la justicia les ignora es, de hecho, general. Les preguntan cómo de fuerte creen que es el compromiso de policías y tribunales en la lucha contra los actos LGTBIfóbicos . Bastantes más de dos de cada tres, el 70% respecto a los agentes y el 65% con los jueces, ve «poco» o «nada» de compromiso.

Los autores del estudio, de hecho, ponen sobre la mesa un dato que duda de la diligencia y eficacia del trabajo policial contra esta lacra. Primero, constatan que, según las propias cifras del Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad investigaron en el último lustro 1.551 posibles delitos de odio por orientación o identidad sexual. Después, hacen una simple regla de tres. Si entre 283.000 y 325.000 españoles fueron agredidos por este motivo en cinco años y la infradenuncia es del 80% deberían haber llegado a las comisarías en ese plazo entre 56.000 y 65.000 denuncias de esta clase.

El tremendo desfase entre la cifra oficial y la estimación realizada con las confesiones de los encuestados lleva a Felgtbi a preguntar dónde están esos más de 50.000 actos violentos no registrados por el ministerio y qué ha pasado con los hechos denunciados. «¿Es posible que la policía no esté sabiendo identificar y clasificar como hechos de odio los ataques que denuncian personas del colectivo?», barajan los responsables ante semejante agujero negro de investigaciones.