El Comité de Bioética pide endurecer la prohibición de los vientres de alquiler

El Comité, que ya ha remitido el informe de 93 páginas a los ministerios de Sanidad y Justicia, para que estudien sus recomendaciones, elaboró este análisis durante ocho meses y por iniciativa propia, preocupado por la inminencia de que los partidos abran en el Congreso el debate sobre si debe legalizarse en España alguna fórmula de maternidad subrogada. Ciudadanos anunció que va a registrar una propuesta en este sentido, cuyo futuro es incierto porque PP, PSOE y Podemos aún no tienen una postura oficial, pues mantienen corrientes internas tanto a favor como en contra.

Los expertos tienen claro que la paternidad nunca debe ejercerse contra los derechos de otras personas y que no se puede permitir que el menor sea un objeto en venta. «Todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por lo tanto, no puede aceptarse por principio», concluyen, no sin insistir en que ninguna de las muchas regulaciones legales que esta práctica tiene en el mundo «tutela la dignidad y los derechos de la gestante y del menor».

La maternidad subrogada está prohibida en España. La ley de Reproducción Asistida de 2006 declara nulo de pleno derecho cualquier contrato o acuerdo con un vientre de alquier, exista o no contraprestación por este servicio. Sin embargo, en 2010 se abrió una especie de puerta trasera que ha permitido a cientos de españoles legalizar la filiación de los hijos nacidos por gestación subrogada en otros países. Se trata de una instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado que permite la inscripción de estos niños en el Registro Civil como hijos siempre que uno de los padres sea español, que el alumbramiento se haya producido en un país en el que este procedimiento este admitido por la ley y que exista una resolución judicial que tutele todo el proceso.

Este el motivo de que el Comité de Bioética considere que hay que reformar y endurecer la legislación española para que en la práctica deje de ser un coladero para pudientes.

Periodo transitorio

Invoca el precedente de la compra de órganos para trasplantes para indicar que España, para lograr la verdadera eficacia de la prohibición de estos contratos, debe ordenar la nulidad de los realizados también en el extranjero. Considera que para desincentivar la existencia de este fraude de ley y lucrativo negocio, también debería establecer sanciones a las agencias de intermediarios que, pese a la prohibición, celebran ferias promocionales en hoteles madrileños y ofertan paquetes completos para el alquiler del vientre en el extranjero y la contratación de los servicios sanitarios y el asesoramiento legal para todo el proceso gestación, alumbramiento e inscripción de los recién nacidos.

El informe, no obstante, recomienda al Gobierno que cuando endurezca la ley diseñe un período de «transición segura» que permita ofrecer una solución legal, satisfactoria para los intereses y la protección del menor, en los casos de maternidad subrogada que puedan afectar en ese momento a algún español en algún país del mundo. Que ningún nacido con el cambio de ley quede desprotegido.

El Comité, por último, tiene claro que la única solución definitiva a la explotación que sufren las mujeres usadas como vientres de alquiler «la garantía de la dignidad de la mujer y el niño» es lograr la prohibición mundial de esta práctica. Por eso recomienda a España que promueva y defienda la proscripción de los contratos de gestación subrogada en los foros internacionales.

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