No abrir la puerta, no pagar efectivo y pedir el DNI para evitar timos en casa

La OCU ha querido lanzar estas advertencias después de que fueran detenidas en Barcelona, Badajoz y Toledo seis personas de dos bandas que supuestamente estafaron a 340 ancianos haciéndose pasar por técnicos del gas y que pedían unos 250 euros por cada "trabajo" que realizaban.

Es importante distinguir entre los que realmente son comerciales y los meros "embaucadores", que suelen vestir de uniforme, falsifican certificados, se hacen pasar por trabajadores de empresas conocidas de gas y electricidad, cobrando servicios que no van a prestar y, "al mínimo despiste", se apropian de objetos personales. Para evitarlo, la OCU recomienda desconfiar de las personas que se presenten en el domicilio para ofrecer algo y no abrir a quien no esté identificado aunque, si se opta por atenderles, en ningún caso se debe facilitar datos personales ni firmar nada.

De decidir adquirir algún producto, se deberá comprobar con la compañía que dice representar el comercial que la oferta es cierta. Nunca se debe pagar en metálico y directamente a la persona, "y algo que nunca falla" es pedir al presunto comercial el DNI y decirle que se le va a hacer una foto.

Si la caldera necesita realmente una revisión o debe pasar la inspección periódica, ésta se anuncia por carta y carteles con al menos cinco días de antelación; si no se pudiera realizar la visita por encontrarse ausente el usuario, el distribuidor tiene que indicar la fecha de la segunda visita. Las anomalías que puedan detectarse se pueden corregir en el momento o más adelante; si no se puede en ese instante, se interrumpirá el suministro y se precintará la parte de la instalación afectada.

En todo caso, la OCU recuerda que las revisiones son cada cinco años -cuatro en el País Vasco- y las hace la empresa distribuidora del gas, que debe comunicar la inspección con tres meses de antelación y velar por que realmente se efectúa. Por ellas se cobran dos conceptos: los gastos de gestión de la distribuidora que son fijos (15,49 euros) y que hay que pagar siempre, y la inspección en sí misma, que si se ha elegido otra empresa distinta será el precio acordado con ella.

Mientras, si la realiza la distribuidora, el precio es el regulado por la comunidad autónoma, que suele rondar los 35 euros, aunque en este asunto la OCU alerta de "variaciones importantes", ya que por ejemplo, en Cantabria, la cita programada por la distribuidora cuesta 23,91 euros, pero 50 euros si se solicita una cita personal. A todo ello habrá que añadir otros diez euros si se trata de edificios con una instalación comunitaria.

Pese a que se haya contratado a otra empresa, la OCU insiste en que el pago siempre se gestiona a través de la distribuidora, que posteriormente se lo pasa a la comercializadora, por lo que hay que rechazar el pago directo al técnico.