La presidenta de la protectora de Torremolinos, condenada a casi cuatro años de cárcel

La condenada, que mantiene su cargo como presidenta de la asociación Parque Animal, aunque no ejerza, fue acusada por la Fiscalía de sacrificar a cientos de perros y gatos "en auténticas sesiones de exterminio" donde se suministraban productos eutanásicos de forma incorrecta, lo que provocaba "una lenta y dolorosa agonía en los animales".

Durante el juicio, Marín, condenada también a pagar casi 20.000 (19.800) euros en concepto de intrusismo profesional, daño moral y falsedad documental, alegó que tiene "fobia" a las inyecciones y que el número de animales sacrificados ascendía a 283 en tres años, en contra de los cálculos realizados por el Colegio de Veterinarios de Málaga, que los cifraba en más de 2.800. La declaración de los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) encargados de la investigación, que confirmaron ante el juez haber visto «perros congelados vivos» y cerca de una veintena de botes de producto eutanásico, resultó fundamental para avalar la teoría de la acusación.

Falsificaba firmas para justificar los sacrificios

También la secretaria de Parque Animal, durante años mano derecha de Marín, aseguró haber presenciado cómo su exjefa sacrificaba animales mientras su ayudante los sujetaba. Además del delito de maltrato animal, Marín también ha sido condenada por falsificar las firmas de varios veterinarios para justificar los sacrificios. Decenas de testigos, entre ellos antiguos socios, veterinarios y peritos, declararon durante las cuatro sesiones del juicio contra Marín, acusada por el Ministerio Fiscal, la Asociación de Afectados por Parque Animal, la protectora El Refugio y el Colegio de Veterinarios de Málaga.

Marín, que durante años predicó una política de sacrificio cero, alegó durante la investigación del Seprona que derivó en su detención que el alto número de animales fallecidos se debía a un brote de parvovirosis. Uno de los agentes de la Guardia Civil aseguró que las conclusiones desprendidas de las entrevistas a trabajadores y socios de la protectora revelaban que «lo anormal era que un día no hubiera sacrificios». Durante la última sesión del juicio, el jefe de la Unidad explicó que a los agentes «les pareció muy elevado» el número de animales sacrificados que constaban en los listados enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que durante lustros pagó decenas de miles de euros a la protectora.