La responsable de la protectora de Torremolinos alega que solo inyectaba «jarabe contra parásitos»

La presidenta de Parque Animal ha alegado que tiene "fobia" a las inyecciones y que el número de animales sacrificados ascendía a 283 en tres años, en contra de los cálculos realizados por los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que sostienen que la propia Marín y otro empleado, pese a carecer de titulación veterinaria, son culpables del "exterminio animal" que tenía como objetivo "reducir gastos y dedicar las instalaciones a fines privados de pago", como la residencia canina.

El fiscal mantiene que Marín y su ayudante inyectaban producto eutanásico, en concreto T-61 y Dolethal, sin sedación previa, por vía intramuscular en vez de intravenosa y en menos dosis de la debida "para ahorrar costes", algo que producía una "lenta agonía" en los animales.

Marín ha acusado a algunos de sus antiguos empleados, en su mayoría veterinarios, de los "pocos sacrificios" practicados en Parque Animal y de alterar "los listados" de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que subvencionaba estos gastos. "Soy una amante de los animales y no me atrevo ni a cortarles las uñas", ha declarado Marín, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y de la acusación popular, ejercida por el Colectivo contra el Maltrato Animal, la protectora El Refugio y la Asociación Acción Afectados Parque Animal.

Desconoce quién firmaba las recetas

La responsable de la protectora, que fue arrestada en noviembre de 2010, ha afirmado desconocer "quién firmaba las recetas" de producto eutanásico y ha insistido en que todo se trata "de un cúmulo de mentiras". Marín ha explicado que "si alguna vez" sus empleados la han visto "con una jeringa" era porque se dedicaba "a inyectar jarabe contra parásitos por vía oral".

Marín, que sí ha contestado a las preguntas del fiscal, ha achacado las acusaciones de sus extrabajadores a "una venganza" por haber sido "despedidos por diversas razones". En cuanto a la acumulación de producto eutanásico en las instalaciones de Torremolinos, la presidenta de Parque Animal ha alegado que "había una oferta de dos por uno". Marín también ha señalado a un supuesto chantaje de un empleado "que quería quedarse con la residencia" como causa del inicio de la investigación.

Los abogados de Marín y su ayudante han solicitado la anulación del procedimiento asegurando que los agentes de la Guardia Civil habían vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio al registrar la sede de Parque Animal "sin orden judicial". El fiscal ha respondido que las instalaciones de la protectora estaban abiertas al público y que las inspecciones tenían carácter técnico, por lo que los agentes "estaban en la obligación" de actuar al sospechar que se estaban vulnerando normas zoosanitarias. La protectora El Refugio ha acusado a la defensa de actuar "con mala fe procesal" con el objetivo de "dilatar el proceso", iniciado en 2010, y ha denunciado indicios de "connivencia" entre Marín y el Ayuntamiento de Torremolinos.

El juicio se prolongará hasta el jueves y prestarán declaración los agentes del Seprona encargados de la investigación, decenas de afectados y dueños de animales, veterinarios y peritos.