La defensa del acusado en el 'caso Romanones' pide su absolución

El escrito provisional de calificación de los hechos de la defensa, que se ha formalizado ante la Audiencia de Granada, niega "rotundamente" los hechos expuestos en sus escritos de acusación por la Fiscalía, la acusación particular y la popular.

La defensa del padre Román, que ejerce el letrado Javier Muriel, niega la existencia de abusos sexuales y lamenta que la acusación acabe su narración con "hechos ya declarados prescritos con carácter de firmeza", tras lo que recalca que las partes sustentan sus escritos en hechos "del todo inexistentes" y "huérfanos de prueba". El letrado del padre Román muestra además su disconformidad con las penas solicitadas por las acusaciones en un escrito en el que solicita que se exhiban durante el juicio algunas de las declaraciones en fase de instrucción, incluida la del imputado, por una incorrecta transcripción. Muriel ha detallado que pedirá además la condena en costas del denunciante al considerar que existió "mala fe procesal" y ha propuesto en el escrito de defensa que se realice una prueba de descargo.

Nulidad del expediente canónico

Ha formalizado además la petición para que se fije audiencia para cuestiones previas con el objetivo de solicitar la nulidad del expediente canónico incorporado "como pieza reservada" al haber sido traído a la causa, a su juicio, "en forma contraria a derecho al violentar derechos fundamentales y otras normas vinculantes tanto nacionales como internacionales".

El escrito de defensa pide que declare el arzobispo de Granada, Javier Martínez, como responsable civil subsidiario en la causa, y que otros cinco testigos de los cuarenta propuestos lo hagan en persona y el mismo día para evitar incidencias entre ellos.

La defensa del padre Román ha formalizado su escrito provisional después de que lo hicieran desde junio la Fiscalía, que solicita nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, y las acusaciones particular y popular, que piden 26 y 15 años de cárcel, respectivamente.

El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.

Durante la declaración indagatoria el único imputado en la causa expresó su "absoluta" disconformidad con el auto de procesamiento y explicó que únicamente tenía, como sacerdote, un "amor fraterno" por el denunciante de los supuestos abusos.

En este proceso judicial llegó a haber hasta doce imputados, diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.