Interior concluye que María Seguí violó el régimen de incompatibilidad en las adjudicaciones a dedo a su marido

Esta es la principal conclusión de la información reservada que ordenó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y efectuada por la Inspección de Servicios del Ministerio para investigar la regularidad de la adjudicación y financiación por parte de la DGT de los proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad, realizados por el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, a la que estaba adscrito el marido de Seguí, quien ya dimitió el pasado 22 de julio por este escándalo.

Tras descubrir esta incompatibilidad, Interior ha propuesto remitir esta información reservada a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, unidad competente para la instrucción, en su caso, de los expedientes sancionadores de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

La investigación interna no ha detectado más irregularidades -al margen del papel de Seguí- en esos concursos, según ha explicado el Ministerio del Interior. La selección, adjudicación y formalización de los tres contratos menores celebrados entre la Dirección General de Tráfico y la Universidad de Zaragoza-Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón en 2012 y 2013 se llevó a cabo conforme la práctica habitual que se venía realizando en la Dirección General en lo referente a la selección de los adjudicatarios que debían realizar los estudios de investigación.

En cuanto a la adjudicación y formalización de los mismos, se cumplieron los requisitos que exige el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo, apunta el departamento de dirige Fernández y que ha insistido en que no se han apreciado indicios de responsabilidad en los empleados públicos de la Dirección General de Tráfico que intervinieron en las distintas fases del procedimiento de contratación.

En cambio sí se aprecian indicios de responsabilidad en la directora general de Tráfico por posible incumplimiento de las reglas de incompatibilidades de Altos Cargos, previstas en la Ley 5/2006, de 10 de abril de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que era la norma vigente en esta materia en 2012 y 2013, concluye el Ministerio del Interior.