El responsable de las clínicas Funnydent, en libertad sin fianza al no haber ya riesgo de fuga

En su resolución, la magistrada tampoco aprecia posibilidad de reiteración delictiva, es decir, de que pudiera intentar montar otra trama fraudulenta como la que estableció a través de sus nueve centros, siete en Madrid y otros dos en Barcelona, al vaciar el patrimonio de las mismas dejando a los clientes sin terminar o, en algunos casos, ni siquiera comenzar, los tratamientos dentales contratados. Según las denuncias recabadas por la Policía, hay cerca de 200 afectados que habrían sufrido un perjuicio económico superior a los 800.000 euros.

Ahí no se tiene en cuenta, sin embargo, los daños sufridos por los pacientes al no poder concluir las intervenciones previstas, ni tampoco que muchos han tenido que pagar dos veces por el mismo tratamiento en otras clínicas distintas. López Vivar está acusado de crear un entramado de empresas para quedarse con el dinero de sus clientes, la mayoría de los cuáles recurrían a créditos para financiarse esta asistencia dental que a día de hoy siguen impagados y se les reclaman a aquellos.

No obstante, la juez también considera que en este momento está asegurado el activo patrimonial tanto del acusado, como de la propia Funnydent, al frente de la cual hay dos administradores judiciales desde hace mes y medio. A esta intervención se ha unido el precinto de las nueve clínicas, junto al embargo de las casas y cuentas a nombre del referido empresario -que deberá comparecer cada 15 días en el juzgado como medida de control- y de ocho sociedades controladas por él.

Tras las diligencias practicadas en estos meses, la instructora tiene claro que fueron los gastos suntuarios de López Vivar -entre otros, dos chalés y un Audi A7 de alta gama (valorado en más de 60.000 euros)- los que llevaron su negocio a una quiebra aparente, pese a que él mismo declaró que llegaron a tener unos beneficios mensuales de un millón y medio de euros. Dichas dificultades económicas ya venían arrastradas desde el verano pasado y, pese a ello reprocha la juez- siguió con su actividad acogiendo a más pacientes, sin que estos ni los trabajadores fueran conscientes de la situación real de la empresa.