El Supremo avala las condiciones para que el tercer sector acceda a los fondos del IRPF

El Ejecutivo autonómico entendía que el texto legislativo que regula la distribución de fondos derivados del 0,7% de IRPF destinado a actividades de interés social invadía sus competencias de acción social, que según la Constitución son de gestión regional. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado todos los argumentos ya que el decreto no incluye en sus materias la asistencia social, sino que las subvenciones de este Real Decreto tienen conexión con actividades recogidas en otros títulos competenciales en los que el Estado sí está legitimado para actuar, tales como actividades educativas o de inserción laboral, seguridad o o prevención de la delincuencia.

"Este fallo determina que no hay que tener en cuenta el carácter de las entidades, sino el objetivo final que son las personas", ha explicado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, que no ha podido ocultar su alegría por esta decisión del alto tribunal que aclara y "sienta jurisprudencia" sobre estas partidas. Los fondos del IRPF representan alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las comunidades.

Más dinero

Pero en los últimos años se han sucedido los recursos judiciales contra el sistema, lo que provocaba una profunda preocupación en el sector, en un momento en que los programas que desarrollan son "especialmente necesarios para los millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza", ha señalado el máximo responsable de este colectivo. Además el fallo también defiende la necesidad de que los proyectos que se presenten para obtener una partida económica de la 'X' que señalen los ciudadanos en sus declaraciones deban implantarse en varias comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras conocer el fallo, solo ha tardado unas pocas horas en lanzar la nueva convocatoria. Además de mostrar su satisfacción por la sentencia del alto tribunal, el departamento que dirige en funciones Alfonso Alonso ha señalado que este año se van a repartir 231,29 millones, unos diez millones más que el año pasado. A esta cantidad habrá que sumar, como novedad en esta convocatoria, las dos terceras partes del valor del caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado.