Los vecinos de Villar de Cañas, contra la Junta de Castilla-La Mancha

Con ello se causa un enorme perjuicio a los propietarios, residentes o titulares de derechos en esa enorme extensión de terreno de 25.000 hectáreas, a la que pretende extenderse el espacio Red Natura 2000, apunta la letrada. Además, Martínez destacó que en el proceso de construcción del ATC se ha seguido con todo rigor el procedimiento legalmente establecido, por lo que los afectados no ven impedimento alguno para su construcción que, además, genera en la zona grandes perspectivas de mejora económica y de riqueza.

Pilar Martínez alega en los trece puntos que recoge en su escrito que el procedimiento iniciado por el Gobierno regional es un acto arbitrario, de desviación de poder, abuso del derecho y fraude de ley. En dicho escrito, dirigido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, se destaca que el procedimiento infringe de forma clamorosa la normativa, por falta de participación de los intereses afectados en la elaboración de la norma; por falta de Audiencia Pública, por falta de llamamiento a los interesados, por la falta de estudios científicos y técnicos previos que avalen, tanto la existencia de especies a proteger, como la necesidad de protección mediante estas figuras o que las medidas de protección no resulten a la larga perjudiciales.

Los vecinos alegan también que la propuesta no viene dotada, ni parece que vaya a dotarse, de partidas presupuestarias para atender a las compensaciones por las limitaciones y restricciones que estas figuras de protección a la naturaleza impondrán a los propietarios, ganaderos, agricultores y residentes de estos municipios, incumpliendo con ello la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y vulnerando derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios de la Unión.