El precio del agua puede variar hasta cerca de 454 euros según la ciudad

El análisis toma como referencia una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos, y se incluyen en los precios comparados los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades. No se tienen en cuenta las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores que cobran en algunos puntos ni el IVA.

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados han sido los de Murcia, con un importe de 29,35 euros, y Barcelona, con 23,49 euros (ambas gestionadas por empresas mixtas), a las que sigue Cádiz, gestionada por una empresa pública, con una tarifa de 22,98 euros. En el extremo opuesto se encuentra Valladolid, con un modelo de gestión privado y que no ha modificado sus tarifas: independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm su coste es de 10,82 euros.

En el caso de los contadores con un calibre de 15 mm, los precios más caros mensuales son los que se abonan en Alicante, con un importe de 48,62 euros. Se trata de un municipio donde menos del 1% de la población tienen instalados contadores de ese calibre. Le siguen Murcia, con un coste de 29,35 euros, y Huelva (24,24 euros). En los tres casos las empresas que gestionan el servicio son mixtas.

De esta manera, un consumo de 10 metros cúbicos con un contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,92 euros.

Las mayores subidas de tarifa durante el pasado 2015, ya sea por aumento del canon o por incrementos aprobados por las empresas suministradoras, se han registrado en Alicante, con un incremento del 2,4% para un consumo mensual de 10 m3 con un calibre de contador de 13 mm. También destaca el incremento en Barcelona, un 2,1%, y Jaén con un 1,9%, gestionada por una empresa privada. En diez de las ciudades analizadas no se han producido cambios en las tarifas del suministro domiciliario de agua con respecto a 2014: A Coruña, Bilbao, Cuenca, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza.

FACUA subraya en su informe la necesidad de avanzar en una facturación por habitante así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos y tarifas con carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos, de forma que no se produzcan cortes de suministro y se garanticen mínimos vitales. Y es que salvo Málaga y Sevilla el resto de ciudades no disponen de tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda, un concepto que según la asociación no puede obviarse a la hora de hablar de ahorro o despilfarro de agua.

No obstante, si se constata que ciudades como Coruña o Barcelona aplican tarifas diferentes a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar, mientras que en 17 municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas. Según los casos, los precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas o se vincula a la renta o situación económica de la familia, como estar todos los miembros en paro o ser pensionistas con bajos ingresos.

El estudio de Facua también ha constatado que siete de las 28 ciudades analizadas cobran precios distintos en la cuota fija de abastecimiento y/o saneamiento en función de si el calibre es de 13 o 15mm. Los importes se incrementan al aumentar el calibre en Alicante, Castellón, Granada, Huelva, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. Desde la asociación consideran que se trata de un cobro diferenciado injustificado, ya que según resoluciones de los departamentos de Industria de Andalucía y de técnicos del Canal Isabel II de Madrid no existen diferencias constructivas, ni metrológicas ni de transporte de agua.

Un año más, los consumidores reclaman a los ayuntamientos tener más participación en los procesos de diseño de las tarifas, al tiempo que demandan una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.