El Gobierno frena los 130 km/h

No quedan lejos las críticas que sufrió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo del 2011, cuando, para ahorrarse la factura por la compra de petróleo, acordó bajar a 110 km/h la velocidad máxima en autovías y autopistas. Pese al ahorro energético fueron decenas de millones de euros lo que supuso el cambio de la cartelería, en una medida que hasta los ecologistas criticaron por no haber disminuido más la cifra y así hacer caer la contaminación. Luego, otra vez, hubo que pagar por volver a cambiar los carteles una vez que se subió la velocidad a 120.

Después de las expectativas alimentadas entre los conductores, las pegas al texto por parte del Consejo de Estado parecían indicar que el Reglamento necesitaba otro hervor. Y es que hasta desde el Ministerio de Fomento le llegaron las quejas al de Interior por la medida de incrementar la velocidad en las vías rápidas y el proyecto de reducirlas en las calzadas convencionales (de un carril en cada sentido).

La reforma tiene como principal novedad, si es que finalmente se lleva a cabo, una actualización de los límites de velocidad. En autovías y autopistas, siempre que la climatología y el tráfico lo permitan, se podrá autorizar en determinados tramos velocidades máximas de 130 km/h. En las carreras convencionales, dependiendo del tamaño del arcén, las velocidades permitidas serán de 90, 70 y 50 km/h. En zonas urbanas habrá tres tipos de velocidades máximas, 20, 30 y 50 km/h. En las vías sin pavimentar, la velocidad máxima será de 30 km/h. Pero para que sea un realidad todavía habrá que esperar.

En todo caso, el 80% de los conductores españoles se muestra a favor de incrementar los límites de velocidad en autovías y autopistas hasta los 130 km/h, según recogía el primer Observatorio Español de Conductores, elaborado por Ducit para el Real Automóvil Club de España (RACE). En todo caso, el mismo estudio apuntaba que el 57,8% de los conductores aboga por reducir a 110 km/h la velocidad máxima permitida en caso de climatología adversa y volumen de tráfico elevado y apenas uno de cada cinco cree que un aumento de la velocidad legal provocaría a su vez un incremento del número de accidentes.

Velocidades en Europa

Actualmente, 17 de los 28 estados miembros de la Unión Europea ya han incorporado velocidades máximas de 130 km/h o superiores en su legislación. Es el caso de Polonia y Bulgaria (140 km/h) y Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Eslovenia, República Checa, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Grecia, Rumanía y Lituania (130 km/h). Además, Alemania mantiene simplemente una recomendación para circular a 130 km/h en autovías y autopistas. Cinco países (España, Portugal, Irlanda, Bélgica y Finlandia) fijan su límite legal en 120 km/h mientras que otros seis sitúan en 112 km/h o menos sus exigencias.

Según los datos del estudio Road Safety in the EU, el país con menor ratio de muertos en accidente de tráfico por cada millón de habitantes es Malta, que tiene el límite de velocidad en vías de alta capacidad más bajo de la UE, con 80 km/h. Le siguen Países Bajos (130 km/h) y el Reino Unido (112 km/h), por lo que resulta complicado establecer un paralelismo entre siniestralidad y límites de velocidad en vías de alta capacidad.

Pero es que el parón en la reforma del Reglamento de Circulación deja también en el limbo otras iniciativas que venían reflejadas en la Ley de Seguridad Vial. También prohibía los inhibidores y los detectores de radar. Los avisadores de la posición de los sistemas de vigilancia de tráfico seguirían siendo legales. En este sentido también advierte de que el conductor tendrá que procurar que las matrículas estén en buen estado. La infracción de estos preceptos es considerada como grave o muy grave.

Ahora que llega el invierno y las grandes ciudades se ponen la boina de la contaminación, el texto permitía a los ayuntamientos limitar o restringir la circulación por motivos medioambientales, de seguridad o fluidez, siempre que cuente con el visto bueno de la Jefatura de Tráfico o autoridad autonómica correspondiente (en País Vasco, Cataluña y Navarra).