Cada seis minutos se produce una ablación en el mundo

Estas sociedades patriarcales tienen asumida que una mujer que no ha sufrido la extirpación del clítoris es una mujer impura. "Si es sucia, no puede recoger alimentos ni ir a por agua. Y si no puede alimentar a su familia o cumplir con los requisitos de la sociedad, puede ser expulsada", explica Torroella, que se ha encontrado en sus viajes pueblos que practicaban la mutilación genital femenina por estética. "Aseguraban que crecía tanto como el pene". Luego está la justificación religiosa, aunque "el Corán no dice nada" sobre este tema. "Muchos creen que si una mujer no está mutilada, no podrá concebir; o que el recién nacido se morirá si toca el clítoris", añade la trabajadora social en unas jornadas pro el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina (MGF).

Argumentos que someten a las mujeres, que ven coartada su libertad y su camino educativo ya que la ablación es el paso anterior al matrimonio. "Los maridos se consideran con legitimidad porque entienden que el cuerpo de la mujer es suyo", analiza María del Mar Pastor, doctora en Enfermería, y que ha estado trabajando en Kenia donde se han salvado de a ablación a unas 3.000 niñas. "Aunque Kenia no es un país donde se registren muchos casos, en esta zona (Marigat, Baringo y Pokot) alcanzaba cotas del 94%", añade esta enfermera. Una relación, la del la mutilación genital femenina y el casamiento forzoso, que afecta a 13,5 millones de niñas cada año. El vínculo que existe entre ambas prácticas es una vulneración de los derechos humanos de las niñas, según denuncia World Vision.

Implantación del protocolo

El 14 de enero de este año, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó un protocolo de actuación para luchar contra esta lacra, que puede afectar a 17.000 niñas originarias de estos países (Somalia, Sierra Leona, Egipto, Sudán o Yemen, entre otros) o sus padres son oriundos. Este protocolo, que en parte ya se estaba aplicando desde hace años en Cataluña, implica un control educativo (los colegios se deben implicar en saber si esas familias vuelven a sus países de origen a pasar las vacaciones), médico (advertir de las consecuencias a la salud) y las judiciales (la ley contempla penas de cárcel).

En 2005, se aprobó una reforma del Código Penal para incluir como delito las ablaciones realizadas en el extranjero. "La clave está en erradicar esta barbarie es la prevención, evitar que suceda a base de explicar a las madres y a las mujeres las consecuencias y los mitos que sustentan esta práctica", añade Nieves Crespo, responsable del programa de MGF de la Unión de Asociaciones Familiares.