b. r.
Jueves, 11 de junio 2015, 16:25
La Iglesia Católica en España ha aumentado su actividad caritativa un 76% desde el comienzo de la crisis económica, según su memoria de actividades de 2013. En este último año con datos atendieron a casi 4.200.000 personas. La gran demanda de estas actividades ... ha fomentado que el número de centros asistenciales dependientes de las diócesis creciese desde los 4.861 de 2009 hasta los 8.490 de finales del año antepasado.
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Estos más de cuatro millones de personas atendidas en 2013 representan, según Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, un aumento de un 15% con respecto a un año antes. Para llevar a cabo estas tareas, ha explicado, se han apoyado tanto en las transferencias que les realiza el Estado como en las aportaciones de sus fieles y en el cobro de determinados servicios. «De la X de la declaración de la renta recibimos 246 millones de euros, una pequeña disminución del importe con respecto a un año antes aunque al que han contribuido más personas», ha aclarado el portavoz. Un total de nueve millones de contribuyentes a través de más de siete millones de declaraciones de la renta.
Inmatriculación de bienes
El portavoz de la Conferencia Episcopal también se ha referido a la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. «Es legítimo decir que el sector no lucrativo de este país tiene unas exenciones», ha afirmado Giménez Barriocanal. «Una financiación indirecta que permite que nuestros más de 8.000 centros asistenciales puedan hacer más cosas». Esta ventaja fiscal, ha aseverado, no la disfruta solo la Iglesia Católica sino que se extiende a otras entidades sin fines de lucro. «No es un tratamiento especial», ha recalcado. En estas condiciones también se encuentran algunos edificios como las catedrales, para las que argumentan que ni siquiera se podría establecer una tasa «porque no tienen precio, son bienes inajenables».
Sobre la nueva ley hipotecaria, que se aprueba hoy y que prohíbe a la Iglesia seguir con la inmatriculación de propiedades, Giménez Barriocanal ha argumentado que «el registro constata una situación pero no determina la propiedad». La norma, ha criticado, «tiene un vacío legal en todos sus términos excepto en los relativos a la posibilidad de inscribir bienes bajo certificación de la iglesia».
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