El Tercer Sector alerta de que la asistencia a seis millones de personas «está comprometida»

El fallo, que debe aplicarse a todo el territorio nacional, explica que la competencia exclusiva en servicios sociales es de las comunidades siempre y cuando esté recogida en sus estatutos. Por este motivo, el Supremo entiende que los fondos regulados por el real decreto deben integrarse a las regiones "como un recurso que nutre la hacienda autonómica" y que debieran ir recogidos en los Presupuestos Generales del Estado. Que estas ONG sean "colaboradoras" de la Secretaría de Estado no es motivo "suficiente" como criterio. "Debemos insistir que se trata de entidades privadas, que se encuentran extramuros de la organización y funcionamiemnto de las administraciones públicas", añade.

Ante esta decisión, las ONG busca una solución menos dañina para sus asociados. "Condiciona al sector y requiere de una acción inmediata , ha explicado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma Tercer Sector, que se ha mostrado muy preocupado por este fallo, contra el que no cabe recurso. Poyato ha incidido en que no hay que olvidar que casi el 90% de las entidades que lo conforman dependen directamente de estas subvenciones.

Ante esta situación, la Plataforma está estudiando los efectos de la sentencia sobre las subvenciones convocadas y otorgadas al amparo del real decreto anulado. También prevé, según ha explicado en un comunciado, reunirse con responsables del Gobierno y partidos políticos para buscar una solución armonizada y coherente para un sector que "se enfrenta a un gran dilema tras el fallo del Tribunal Supremo", y que es fundamental para la cohesión social y atención a las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión. El Tercer Sector beneficia actualmente a más de seis millones de personas, cuya asistencia puede quedar gravemente comprometida si se avanza jurídicamente en esta línea (devolver el dinero), que prima la defensa de las competencias autonómicas en detrimento del bien general, ha afirmado Poyato.