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Antonio Paniagua
Domingo, 17 de mayo 2015, 07:18
La jerarquía eclesiástica acaba de aprobar una instrucción pastoral, 'La Iglesia, servidora de los pobres', en la que constata el «grave sufrimiento» que aflige a muchos españoles por culpa de la crisis. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, sostiene que el texto no llega tarde, pues la Iglesia carece de recetas y de un plan económico para superar las dificultades. Argumenta que España padece una «crisis moral» y sostiene que no es voluntad de los prelados entrar en la controversia electoral.
-En el documento los obispos piden perdón. ¿Han cometido errores?
-La Iglesia es la institución más cercana a los pobres en la crisis. Si desapareciera, sería trágico para las capas más débiles. En momentos puntuales quizá no ha sabido estar a la altura, y los propios obispos lo reconocen. En lo que atañe a la caridad, obras son amores y no buenas razones, y por parte de la Iglesia nunca han faltado las primeras.
-En el texto se habla mucho de los inmigrantes. ¿Qué piensa de las devoluciones en caliente que contempla la ley de seguridad ciudadana?
-Pues que no son justas. Los derechos humanos no pueden ser alterados y exigen un amparo legal acorde con la dignidad de la persona, tal y como está reconocido en los tratados internacionales. Es necesario que haya medidas que libren a los más pobres de caer en manos de las mafias. Pero se debe respetar el derecho a la movilidad y al asilo, porque la gente no solo huye de carencias económicas, sino también políticas.
-¿Es partidario de la paralización de todos los desahucios?
-Habría que estudiar caso por caso y primar el derecho de la persona a una vivienda digna. A muchas personas les es imposible responder a cuestiones que exige la ley. Además de la legalidad, están en juego unos principios morales de salvaguardia de la dignidad de las personas.
-¿Qué siente cuando oye hablar de que habría que retirar a los mendigos de las calles?
-La existencia de mendigos es un problema ético, no estético. Atajar la pobreza es una responsabilidad de todos. Es preciso individualizar cada caso y determinar las causas que han llevado a una persona a la exclusión social. No se puede utilizar a los pobres como bandera política.
-Se ha dicho que el documento supone un distanciamiento de los obispos con respecto al PP.
-La Conferencia Episcopal tiene que procurar no distanciarse del Evangelio ni de la doctrina social de la Iglesia. Los obispos no van a ir de la mano de ningún partido. En el ámbito constitucional, los poderes públicos deben colaborar a favor de los ciudadanos, que en su mayoría son católicos.
-Con la reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro se impide a la Iglesia inmatricular bienes. ¿Considera que la Iglesia ha hecho un abusivo de esa potestad?
-No, la Iglesia ha puesto de manera oficial, en un registro de la propiedad, bienes que poseía desde hace siglos, y lo ha realizado cuando la ley lo ha hecho posible. Hay mucha demagogia y añoranza casposa de un anticlericalismo decimonónico que no va con la vivencia de las comunidades cristianas del siglo XXI ni con sus objetivos ni con el sentir de la sociedad, que se percata de la acción benéfica de la Iglesia. Esas acusaciones tienen una carga de intencionalidad política y unos ribetes electoralistas y desamortizadores que ya están trasnochados.
-¿Y no ha especulado la Iglesia en ciertos casos?
-Si se han vendido algunas cosas ha sido por necesidad, sobre todo para servir a los pobres. Por principios evangélicos, la Iglesia nunca dejará fuera a aquellos que tienen que ser los primeros.
-Si el papa Francisco vive en la Residencia Santa Marta modestamente, ¿no debería hacer lo mismo el cardenal Rouco?
-Eso se lo tendría que preguntar a él. La Conferencia tiene la obligación de asegurar a los obispos eméritos una asignación mensual de 1.200 euros, que es la cuantía de su pensión.
-¿Qué opina de la promesa del secretario general del PSOE de derogar los acuerdos con la Santa Sede?
-Le podría contestar con una anécdota. Un político de izquierdas me dijo: «en mi partido he planteado que cómo vamos a denunciar los acuerdos Iglesia-Estado con el Papa que mejor nos llevamos». Bromas aparte, hay que saber descodificar los mensajes electorales. La Iglesia no se niega a revisar los acuerdos, pero no se pueden defender enmiendas a la totalidad cuando han servido a la convivencia. Dejar sin configuración jurídica la realidad de la Iglesia católica es algo que un político con sensatez -y el que ha mencionado la tiene- es una aventura. Y las aventuras son buenas para la ficción, no para las acciones de gobierno.
«El Catecismo no excluye ni atosiga a los homosexuales»
Gil Tamayo rechaza las acusaciones de homofobia que lanzan los gais y lesbianas contra los obispos y subraya que la doctrina católica no es incompatible con el respeto. «Las personas homosexuales son intocables», dice.
-¿No puede acabar confundido un estudiante cuando el profesor de religión le dice que el universo tiene un origen divino y luego el de ciencias le explica el cosmos apelando a las leyes de la física?
-La encíclica 'Humani generis', publicada en tiempos de Pío XII, ya establecía que los principios del Génesis no contradicen en absoluto la teoría de la evolución. Hay un acto creador, que el libro del Génesis explica con un lenguaje literario. Por lo demás, el Estado no puede determinar el contenido de la asignatura porque faltaría al principio de aconfesionalidad.
-¿Ven la homosexualidad como algo que se puede curar?
-El Catecismo es claro y dice que la función de la sexualidad es la procreación en virtud de la reunión entre un hombre y una mujer. De esa doctrina no se deriva la más mínima exclusión ni atosigamiento contra los homosexuales.
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