Los obispos se muestran dolidos por las acusaciones de predicar el «fundamentalismo» en la escuela

Ante las críticas aparecidas por el nuevo currículo para la asignatura de Religión para primaria y secundaria, que fija la Conferencia Episcopal en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado, el secretario general de la jerarquía eclesiástica mostró su enfado por que se deslice la idea de que la clase de moralidad católica es un factor de desestructuración social. Insistió en que los profesores de la materia no contribuyen a expandir el fundamentalismo, como se pudiera deducir al examinar los contenidos que se imparten. Uno de los nuevos enunciados del currículum es, por ejemplo, el origen divino del cosmos. Al mismo tiempo, se pide a los alumnos que distingan que el universo no proviene del caos o el azar. Tras considerar inconcebible que la Administración determine los contenidos de la materia, Tamayo advirtió de que el espacio público no puede ser aséptico, uno no puede ponerse una bata verde ideológica, y alegó que prohibir la enseñanza de tales preceptos también es una opción ideológica.

El portavoz episcopal achacó el cambio del currículum a la nueva ley de educación, la LOMCE, y a la reducción horaria de la asignatura confesional. "El tratamiento es insuficiente, porque no desarrolla completamente el derecho de los padres a educar a sus hijos". Se quejó con amargura de que se traslade la visión de que la Iglesia impone su moral a los alumnos y sostuvo que cursar la asignatura de Religión es una opción libre, elegida por los padres o los estudiantes, en caso de que sean mayores de edad.

Para los obispos, persisten los agravios y discriminaciones sobre la asignatura de moral católica. "Hay un mapa absolutamente dispar en las comunidades autónomas en cuanto al horario. En unas la clase dura tres cuartos de hora y en otras solo dos".

Tolerancia cero y acompañamiento y solidaridad con las víctimas fueron las palabras repetidas por el portavoz del episcopado cuando se le preguntó por los casos de pederastia en el clero, pero también reivindicó la presunción de inocencia para los sacerdotes y religiosos acusados de abusos sexuales. Contrariado por las insistentes preguntas, Gil Tamayo subrayó la injusticia que supone extender maledicencias y calumnias sobre 19.000 sacerdotes y 46.000 religiosos que existen en España. Si hubiera una huelga de brazos caídos, los pobres serían los que más se resentirían.

Gil Tamayo dijo no disponer de los datos sobre la reforma del ático al que se ha retirado el cardenal Antonio María Rouco, que tiene 370 metros cuadrados y cuya reforma ha costado al arzobispado de Madrid medio millón de euros. Sin embargo, el portavoz dio su pleno apoyo a Rouco cuando dijo que la Iglesia posee la obligación de sostener a los obispos eméritos (el exarzobispo ha sido sustituido por Carlos Osoro al cumplir sobradamente la edad de jubilación) y tiene contraído con el cardenal gallego un deber de gratitud. Además, demandó mayor distancia para juzgar el pontificado de Rouco en aras de reconocer su figura.

Con respecto al documento que prepara la jerarquía eclesiástica sobre la pobreza, Tamayo aseguró que los obispos no pretenden ser agoreros. "La Iglesia no quiere ser profeta de catástrofes ni dar una visión negativa. Al contrario, quiere participar como constructor de una sociedad más libre y democrática, con una justicia social para todos, desde el compromiso que lleva consigo la fe y la evangelización".

La jerarquía católica piensa que toda ley del aborto es injusta y argumenta que la retirada de la reforma auspiciada por el exministro Ruiz Gallardón defendía mejor la protección de la vida del no nacido que la norma actual.