Contra la trata, más ley y menos plan

La primera fase del plan comenzó en abril de 2013 y sus números, según el ministerio del Interior, son «muy satisfactorios, mejores de lo esperado». En los 22 meses que lleva en marcha se produjeron 462 operaciones en las que se detuvo a 1.450 personas y se detectó a 11.751 potenciales víctimas. También se realizaron 963 inspecciones de trabajo y se intervinieron 29 millones de euros. La segunda fase, según el ministro Fernández Díaz, pretende ahuyentar a los clientes y reducir la demanda. Para eso vigilarán con más intensidad los arcenes y la cercanía de los centros escolares.

La asociación de prostitutas Hetaira rechaza presionar policialmente a los clientes. «Va en contra de las condiciones de vida y de trabajo de las prostitutas», asegura Mamen Briz, portavoz de la organización. «Y no solo lo decimos nosotras, también los expertos contra la trata». Afirma que el objetivo del Gobierno es electoral, y no afronta el problema en su conjunto. «La medida no tiene nada que ver con la trata de personas. Hay que conceder derechos de asilo a las víctimas y no recluir a las mujeres en centros de internamiento de extranjeros», recalca. Recuerda que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana contempla multar a clientes y a prostitutas.

Con la ley tal y como está -en tramitación parlamentaria, en el Senado-, se considera infracción grave «la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores (), o cuando () puedan generar un riesgo para la seguridad vial». Las multas van de los 600 a los 30.000 euros. Para las prostitutas también se contemplan estas sanciones si ejercen en dichos lugares pese a las advertencias de la policía. «La persistencia podría constituir una infracción», afirma el borrador.

«Pero si están obligadas por alguien, ellas no pueden decidir ni cuándo ni dónde están», explica Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, una de las ONG que ayuda a mujeres víctimas de trata a salir de esta situación. Asegura que no les han facilitado el contenido del plan policial, pero que las declaraciones del ministro y del director general de la Policía le generan dudas. «¿Qué impacto tendrá sobre las mujeres que ejercen la prostitución? Puede generar desconfianza hacia la Policía y puede contribuir a trasladar la prostitución a otros espacios cerrados, como clubes o pisos, donde las víctimas no tiene posibilidad para contactar con las unidades móviles de ayuda», afirma. «Perseguir a los clientes puede suponer, de manera indirecta, perseguirlas a ellas».

La propuesta del Gobierno, dice González, tiene que ser una de las medidas, pero no la única. «Hay que abordar el problema desde los derechos humanos y poner en primer lugar la protección de la víctima». Desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), aseguran que «hay que ahondar en la visibilidad de estas personas. Si no contamos con estas chicas no podemos hacer nada. Tenemos que trabajar con ellas para darles alternativas que les permitan salir de este mundo que es la esclavitud del siglo XXI». Rocío Mora, coordinadora de la organización, aplaude la medida de presionar policialmente a los clientes. «Cuando cae una red se saben todos los detalles de las chicas pero nunca conocemos el perfil del demandante de estos servicios», explica. Cuanto más se sepa de ellos, argumenta, más se les podrá presionar para desmontar redes de trata de personas. Y aunque califican de éxito la actuación policial, desde la ONG creen que hace falta dar un paso más y redactar una ley integral.

«Ahora mismo la legislación está muy dispersa entre el código penal y la Ley de Extranjería», explica la coordinadora de Proyecto Esperanza. Asegura que, además, hay huecos flagrantes en ella. Entre otros, que solo se contempla la explotación sexual de las víctimas de trata. «Los otros supuestos no, y no sabemos si no existen casos o si, simplemente, están invisibilizados», recalca. Su organización, como otras, hace años que reclama que se elabore una Ley Integral contra la Trata de Personas que aborde el problema -«complejo»- en su conjunto. Explotación sexual, laboral, de menores. Con inmigrantes y nacionales. Europa, explica González, aprobó una directiva en 2011. «Habría sido una buena oportunidad para elaborar una ley».