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Daniel Roldán
Jueves, 19 de febrero 2015, 14:22
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Los recortes del Gobierno a los servicios de la dependencia están poniendo a prueba la resistencia de los sistemas implantados en las comunidades autónomas, que han dejado de recibir 1.403 millones desde 2012, cuando se aprobaron los cambios en la financiación estatal tras la supresión del nivel acordado y la rebaja del nivel mínimo (13%) de dependencia. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que esta decisión ha dejado en una difícil posición a todas las comunidades, "que son las responsables últimas de la atención" a las personas dependientes.
Esta falta de liquidez, según el decimocuarto informe del Observatorio de la Dependencia, ha supuesto un ahorro del 27,3% a las arcas estatales de dónde han salido 3.753,1 millones en el último trienio. "Con un millón de euros invertidos, vuelven a las arcas por impuestos o IRPF 400.000 euros. No se dan cuenta de la importancia de la dependencia", ha apuntado Gustavo García, uno de los autores del estudio. Y las autonomías afectadas por esta falta de dinero han sido Andalucía y Cataluña, que han perdido 342 millones y 240 millones, respectivamente. Con esta falta de dinero, las comunidades han tenido que hacer milagros para poder cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, la respuesta en las diferentes regiones ha sido muy dispar. Así, aquellas que ya estaban mejor preparadas antes del real decreto de 2012 han respondido mejor que las que estaban peor.
En su barómetro anual, el informe de los gestores de servicios sociales destaca que la media nacional no llega al 5 (4,79) y solo ocho aprueban. La nota más alta la obtiene Castilla y León (10), seguida de País Vasco (7,5) y Andalucía (7). A continuación se sitúan Extremadura (6,7), La Rioja (6,3) y Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha con un 5. Por el contrario, suspenden Cataluña, Cantabria (ambas con un 4,6), Murcia, Comunidad de Madrid y Galicia (todas con un 4,2), Baleares (3,8), Aragón (3,3), Ceuta y Melilla, Canarias y la Comunidad Valenciana comparten la peor nota (1,7).
José Manuel Ramírez, director de la asociación, ha destacado durante la presentación que hay comunidades, como Navarra o Extremadura, que han hecho esfuerzos por mejorar en esta clasificación. Otras no. "Mientras que en Castilla y León la lista de espera es prácticamente nula, en Canarias, uno de cada dos dependientes está en ella", ha indicado.
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También hay grandes diferencias en el gasto público invertido por habitante y año en el sector de la dependencia. Mientras que Canarias está a la cola con 39,40 euros, Cantabria destina 184,34 euros y encabeza la clasificación. La media nacional se sitúa en 104,49 euros y solo, ocho comunidades invierten más (País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Cataluña).
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