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Daniel Roldán
Viernes, 13 de febrero 2015, 13:49
Los problemas de las personas con dependencia se mantienen ocho años después de la entrada en vigor de la ley que regulaba las ayudas y el soporte para este colectivo y tres de la reforma llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El ... Observatorio de la Dependencia detecta, en su informe anual, que el sistema está colapsado por los recortes y que se mantienen las grandes diferencias entre las comunidades autónomas. El procedimiento sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias, indica el estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales presentado hoy en Madrid
En la actualidad, existen 1.216.341 personas en situación de dependencia reconocida, lo que supone un 2,6% de la población. Sin embargo, el estudio indica que cuatro de cada diez personas carece de ayudas. Por grados, el informe destaca que en junio de 2011 había 438.682 expedientes activos de personas con grado III, mientras que en noviembre del año pasado el número había descendido hasta los 355.747 personas (casi 83.000 dependientes menos).
En cuanto a las personas con grado II de dependencia (problemas severos) también descienden en número (casi 30.000 menos desde junio de 2012, 434.843 en total), mientras que sí han aumentado las personas con grado I en dicho intervalo temporal (unas 22.000, para un total de 425.751).
La asociación denuncia que la reducción de la lista de espera no se ha debido al incremento de las personas atendidas sino al colapso del sistema que frena la entrada de nuevos usuarios. Desde 2012, una de cada cinco personas dependientes con derecho a atención que entró en la lista de espera no llegó a ser atendida al causar baja por fallecimiento, señala el estudio, quien destaca que en 2014 se entregaron 30.000 prestaciones económica por cuidados familiares menos.
Sobre la financiación, las atenciones del sistema tienen un coste global de 6.400 millones. De cada 100 euros gastados, 63 euros los aportaron las comunidades, los usuarios aportaron 19 euros y el Estado aportó 18 euros. Los gerentes asegura que por cada 1.000 millones invertidos al año se servicios, se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida y se crearían 30.000 puestos de trabajo
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