Los acusados de protestar en Cofrentes declaran que actuaron individualmente

La acusación la ejercen el Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados del recinto presentes el 15 de febrero de 2011 en las instalaciones, fecha en la que se produjo la acción que finalizó con una pintada en una de las torres de refrigeración con el lema "Peligro nuclear". En la primera sesión del juicio que acoge desde hoy el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia, los acusados han coincidido en que acudieron al lugar convocados por un mensaje de texto (SMS) en sus teléfonos móviles a una protesta contra la energía nuclear, y no por el llamamiento de una organización en concreto.

Han asegurado también que no encontraron ningún impedimento para acceder a las instalaciones, que entraron por los agujeros que había en las vallas, que decidieron hacer la acción de protesta por iniciativa propia y que su actuación fue fruto de la improvisación y no de un plan predeterminado. Sobre las denuncias de supuestas agresiones a varios vigilantes jurado de la central, han manifestado que en el momento de la acción, que comenzó sobre las 6.20 horas, "había mucha confusión" y "nerviosismo", tanto de los guardias como de los perros que portaban estos y que "no atendían a las órdenes que se les daban".

Han reivindicado el carácter "pacifista" tanto de la acción como de su actitud durante la protesta, y que no hubo ningún enfrentamiento con los vigilantes ni con los trabajadores de la central que acudieron también al lugar. Los activistas han negado también que las heridas denunciadas por uno de los vigilantes en el abdomen estuvieran provocadas por una radial, como afirma el denunciante, y han señalado que el hombre se lesionó "levemente" al parecer con una alambrada. La Fiscalía ha centrado su interrogatorio en esclarecer si los activistas siguieron las órdenes de la organización Greenpeace, a la que atribuye la responsabilidad civil subsidiaria de los daños ocasionados en la central y el pago de cerca de 360.000 euros.

También ha incidido en si pretendían que la protesta tuviera una repercusión mediática, ante la presencia durante la acción de un periodista y un fotoperiodista en la central, y si eran conscientes de que la protesta podía poner en peligro la actividad de la central. Los acusados han coincidido en afirmar que el único motivo que les llevó a acudir a Cofrentes era protestar contra la energía nuclear y la ampliación de la explotación de la central, y que su intención no era alterar la actividad de las instalaciones "ni ponerla en peligro".

"Daños materiales y lesiones físicas"

Iberdrola sostiene en su acusación que "además de importantes daños materiales" y "lesiones físicas" a dos vigilantes, se tuvo que declarar la "Alerta de Emergencia" en el emplazamiento. El abogado de la compañía, en las cuestiones previas al inicio del juicio, ha solicitado que se aceptara incorporar como prueba un vídeo del día de los hechos grabado por las cámaras de la central, que ha sido admitido por la juez.

La defensa de los acusados había pedido su retirada por considerar que era "inadmisible" que presentaran este documento unos días antes del inicio del juicio, así como la posible "manipulación de las imágenes" ya que han transcurrido tres años desde los hechos. La defensa de los diecisiete acusados ha incidido en su interrogatorio en demostrar que sus defendidos no encontraron impedimentos para acceder a las instalaciones, que su acción de protesta fue pacífica y no provocó daños en la central, y que fueron más personas las que protestaron. Greenpeace considera este juicio el más duro en su historia como organización ecologista.