Los conservacionistas denuncian que la ley de parques nacionales permitirá construir, cazar, pescar o la tala masiva

Según los ecologistas, el texto impulsado desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente abre la puesta a la urbanización de estos espacios naturales, a la caza y la pesca, a la tala masiva de sus recursos forestales o la práctica de deportes ahora prohibidos como la navegación en Monfragüe o el vuelo sin motor en Guadarrama-. El proyecto de ley mantiene como incompatible la caza comercial y deportiva en los parques nacionales, pero como destacan los conservacionistas no se regula el control de poblaciones con criterios científicos y personal especializado.

Este control de poblaciones resulta habitual en ciertos espacios cuando se produce la proliferación de una especie que causa daños significativos, por ejemplo a la vegetación, pero denuncian que se utiliza como pretexto para permitir la actividad cinegética en los parques, incluso con la venta de los puestos de caza.

La secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente del PP, María Luisa Soriano, defiende que la ley aprobada por el Gobierno del PSOE en 2007 presentaba lagunas legales y de gestión de los parques, lo que se traduce en una situación de inseguridad tanto a particulares como a ayuntamientos. Por ello, Soriano subraya la necesidad de las enmiendas introducidas por los populares en el Senado, porque mejorarán el texto y darán seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a los particulares con terrenos dentro de un parque. Además, indicó que la enmienda 278 objeto de la mayor polémica, deja sin efecto la pérdida de derechos que, sin ofrecer mecanismos correctores efectivos en favor de los particulares y municipios, fijaba el PSOE a partir del año 2017.

Esta enmienda 278 es la que ha movilizado de manera unánime a las cinco grandes organizaciones de conservación de la naturaleza en España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Consideran que el proyecto de Ley debilita la cohesión y fortaleza de la red y destruye las herramientas de conservación de cada espacio. Denuncian que las enmiendas presentadas por el PP empeoran todavía más el texto legal, porque dan amplio margen de maniobra a los titulares de derechos particulares para que puedan practicar actividades de todo tipo en estos espacios protegidos.

Para el senador de Izquierda Unida por Asturias, Jesús Iglesias, las modificaciones al proyecto introducidas por el PP en la cámara alta son la más letales para la protección de la fauna y la flora» y pretende hacer rentables, como sea, los parques nacionales y, para ello, promueve las actividades económicas que se desarrollan en los mismos, aunque ello ponga en riesgo la conservación».

Los ecologistas explican que la enmienda 278 permite que no entrará en vigor las medidas de protección del parque nacional en el terreno de un particular hasta que el propietario lo decía. Para los conservacionistas «se trata de un hurto genérico del interés general declarado en la ley que, de esta forma, queda sencillamente invalidado». «A partir de la nueva ley no hay normas derivadas de un parque nacional, que se limitará a ser una mera marca, y no precisamente de calidad», sostienen.