Guerra a las cacas

En Figueres, dejarse un mojón puede suponer un siete en la economía, pero reincidir cuesta más que un coche. Es una de las últimas medidas que se han tomado contra la laxitud y la mala educación de algunos dueños de mascotas a la hora de descuidarse y no recoger los regalos de sus perros. Campañas de este tipo se reproducen por diversos municipios. En Cuidad Real han elevado el régimen sancionador hasta los 6.000 euros. En Brunete, el año pasado el Ayuntamiento desplegó una partida de policías municipales de paisano que recorrían los puntos calientes del municipio para multar a los dueños despistados. Algunos voluntarios seguían a los infractores y una vez denunciados, les enviaban a casa la multa con la caca adjunta (empaquetada, gracias). Medidas similares se han tomado en Móstoles, Alcobendas y Móstoles, además de otras ciudades españolas. La ola de actuaciones que destinan recursos a este asunto en municipios con otros problemas de seguridad demuestra que lo que se ve, importa y lo que se pisa, más.

En Colmenar Viejo han ido un paso más allá y han montado un dispositivo policial sin precedentes. Además de folletos, talleres y pequeñas obras de teatro, el municipio madrileño ha contratado detectives privados que investigan de quién son los excrementos para denunciar a los propietarios ante la policía.

El paroxismo de la cacofobia llegó hace unos años. Algunas ciudades como Hernani en Guipúzcoa o Córdoba anunciaron planea megalíticos con auténticos CSI fecales. El plan consistía en que las policías municipales pudieran rastrear al dueño de los mojones a través del ADN de las heces, cosa que necesitaba un registro genético de todos los perros de la ciudad. Estos proyectos se abortaron más tarde por su elevadísimo coste. Eran precisos, pero muy caros.