
PABLO ALLENDESALAZAR
Lunes, 8 de enero 2007, 01:45
El departamento que dirige Joan Clos estima que el actual modelo no garantiza un reparto equitativo de las inversiones según las necesidades de cada región. Ello podría provocar que se incrementasen las diferencias territoriales y que en las zonas menos desarrolladas se disparase el riesgo de sufrir apagones. Con todo, lo que más preocupa a Industria son los excesivos proyectos de construcción de parques eólicos de las comunidades autónomas y las empresas. Está convencido el Ministerio que su ejecución acarrearía serios problemas de suministro.
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El primer paso dentro de esta nueva estrategia del Ejecutivo ha sido habilitar a Red Eléctrica para que, «atendiendo a criterios de seguridad de suministro», pueda establecer límites por zonas en la capacidad de conexión de las instalaciones generadoras a las redes de transporte y distribución. Aunque la compañía gestora del sistema no podrá impedir su construcción, está medida le permitirá desincentivar de forma considerable a las que considere ineficaces.
El presidente de Red Eléctrica, Luis Atienza, advierte desde hace tiempo que gran parte de los planes de las autonomías y las empresas estaban avocados a verse frustrados. De llevarse todos a cabo, advirtió que en 2010 se alcanzarían los 40.000 megavatios de potencia eólica instalada, el doble de lo previsto por el plan de energías renovables. Algo que sería especialmente peligroso para el sistema, según alertó, debido a la poca estabilidad de su producción y a los problemas técnicos que presentan. «Hasta el momento el primero que llega es el que se sirve y ha llegado la hora de poner un cierto orden», argumentó.
Especulación
El Ministerio también quiere poner fin «actuaciones especulativas» en el territorio que ha detectado que se han desarrollado al calor de las «sobrevaloradas» primas de la energía eólica. Está convencido de que muchos inversores sin interés en las renovables han obtenido sustanciosos beneficios en los últimos años gracias a los parques eólicos. El negocio es relativamente sencillo. «Si tienes un terreno poco valioso, pides un punto de conexión a la red de distribución, que no es muy costoso, y lo revendes a un buen precio para la construcción de unos pocos molinos de viento, que no aportan nada al sistema eléctrico pero reciben muy buenas primas», explican fuentes de Industria.
Otro elemento que no ha contribuido a racionalizar la construcción de parques eólicos es que los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos reciben entre 3.000 y 6.000 euros al año por cada molinillo. Industria sostiene que la excesiva generosidad de la remuneración y unos requisitos medioambientales laxos han provocado la proliferación de parques «ineficientes» de menos de 2.000 horas de funcionamiento.
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