La nueva Ley del Cine mantendrá la definición de productor independiente

Con la descripción que recogía la Ley General de Comunicación Audiovisual los productores estaban convencidos de que se buscaba que España se convierta en un «plató maravilloso», pero temían que no se protegiera la industria y, sobre todo, la propiedad intelectual. Ahora parece que las aguas vuelven a su cauce, en un año en el que el cine español se ha mostrado incontestable, en público, pero también en crítica, no solo con el éxito de las producciones familiares de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno 3' o 'A todo tren 2: sí les ha vuelto a pasar', sino con cintas de animación como 'Tadeo Jones 3: la tabla esmeralda', thrillers psicológicos como 'As bestas' o 'Los renglones torcidos de Dios', comedias como 'El cuarto pasajero', dramas rurales como 'Alcarràs', ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, o musicales como 'Voy a pasármelo bien', muchas de ellas producciones independientes.

Fuentes ministeriales recordaban este martes que la colisión entre ambas definiciones había existido desde 2010 «y no ha habido ningún problema porque regulan ámbitos diferentes». Las grandes novedades del anteproyecto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria y que debería aprobarse antes de que se termine la presente legislatura, consisten en ampliar sus subvenciones a las series de televisión, hasta ahora al margen de la Ley del Cine, y en otorgar la protección de Bien de Interés Cultural a la Filmoteca Española, algo que consolida y garantiza el cuidado del patrimonio audiovisual. El anteproyecto sustituye a la actual ley, que cumple ahora quince años. Quince años en los que han irrumplido en el sector todo tipo de plataformas de vídeo bajo demanda, se han multiplicado exponencialmente las series y una pandemia ha herido de gravedad a unas salas de cine que en 2019 habían recuperado a buena parte de los espectadores perdidos tras la crisis de 2008.

Tiene sentido que los productores se pregunten si las ayudas deberán repartirse entre el cine y las series. Fuentes del Ministerio de Cultura aseguran que «las series, en muchos casos, no necesitan ayudas». Unas ayudas, insisten, que tienen que llegar «allí donde no llega el mercado». En todo caso, sí se ha dejado caer que las series «tendrán que tener su línea específica» de presupuestos, con un trabajo aún por delante. Según indican las fuentes del ministerio, «se va a apoyar a aquellas productoras con proyectos de especial valor». Por otro lado, el anteproyecto de ley contempla un incremento del 72% con respecto a 2022.

Además de mantener la definición de productor independiente, el anteproyecto define también qué son distribuidores, exhibidores independientes y agentes de venta internacionales, conceptos estos que permiten acceder al reparto de ayudas. Así, en su articulado, señala que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) «podrá conceder ayudas a distribuidoras independientes para la distribución de obras audiovisuales a través de servicios de comunicación audiovisual, principalmente a los de acceso condicional», lo que supone que ya no solo accederán a las ayudas los largometrajes que vayan a salas comerciales. En ese afán por proteger al productor independiente, se establece también que no podrán recibir ayudas «las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual», lo que engloba a cadenas de televisión, telecos y plataformas.

Según la nota de prensa enviada desde el gabinete que dirige Miquel Iceta, el anteproyecto de ley «pretende impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; además de establecer tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español. El principal de sus objetivos es fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial, con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos esenciales de la diversidad cultural. Asimismo, trata de dar respaldo a los autores y autoras, y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. También pretende impulsar mecanismos que mejoren la competitividad de las empresas y profesionales en el entorno internacional. Tiene, además, la intención de garantizar la defensa de la competencia en el mercado audiovisual, la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, así como el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares». El texto, asimismo, hace hincapié en que «la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes».

Con respecto a las salas de cine, el anteproyecto recoge que todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, «aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales». Por otro lado, «la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción». Se mantiene, además, la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo), que pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres. Punbtuaran doble aquellas películas comunitarioas y latinoamericanas dirigidas por mujeres.

Finalmente, en favor de la cooperación público-privada, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. «Se trata de una herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual». Compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales, abordará «cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de Ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias». Por otro lado, se incluye la obligada declaración por parte de las plataformas de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición, para que, entre otros objetivos, los autores puedan conocer el resultado de sus obras y reclamar los derechos de propiedad intelectual.