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En este país hemos sido capaces de elevar a rango de ley o de ordenanza municipal asuntos secundarios y ridículos. Internet está lleno de ejemplos fascinantes. Buceen en su búsqueda: seguro que pasan un rato muy agradable.
Por el contrario, los españoles nos pasamos años ... sin abordar contenidos transcendentales, los que facilitan nuestra convivencia y delimitan las reglas de juego. Uno de esos temas es la salud pública, materia sobre la que hay aprobada una Ley General que, sin embargo, dormita hastiada –como un recluido en casa por la pandemia–, en el fondo de algún cajón desde hace nueve años.
Ningún Gobierno la desarrolló. Y, precisamente, uno de los retos que afrontaba esta norma quizás les suene... remotamente: alarma sanitaria. Sí, como lo leen: la ley silenciada abordaba con valentía todo lo referente a la seguridad sanitaria porque «la globalización, los cambios medioambientales y el tráfico internacional de bienes, servicios y personas, crean las condiciones favorables para la emergencia de nuevos riesgos para la salud». De nuevos bichos para los que no existen aún vacunas como el COVID-19. Pero el texto no se quedaba solo en la mera descripción, no. Además, preveía «un sistema de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, reforzando la coordinación entre el Ministerio de Sanidad(...) y las Comunidades Autónomas». Lo que nos hubiera ahorrado arrabaleras reyertas en las compras de material sanitario.
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