A vueltas con las pensiones

El desfase entre el gasto en pensiones y la recaudación en cotizaciones sociales con las que se financian se disparó a 45.927 millones de euros el pasado año, un récord histórico. Si el déficit de la Seguridad Social rondó los 20.000 millones –también el mayor registrado jamás– fue gracias a las transferencias extraordinarias del Estado para que pudiera hacer frente a sus compromisos. Los números hablan por sí solos sobre la asfixiante situación del sistema, cuya reforma para garantizar su sostenibilidad futura es de todo punto inaplazable al margen de que esa sea una de las condiciones de la Comisión Europea para aprobar las millonarias ayudas a la recuperación económica. Ya no caben nuevas demoras. De ahí que resulte preocupante el atasco en las negociaciones entabladas hace cuatro meses por el Gobierno y los agentes sociales en busca de un acuerdo para poner en marcha al menos una parte de las medidas recomendadas por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

El amplio consenso alcanzado en ese foro en octubre, que abarca desde el PP hasta Unidas Podemos, fue esperanzador. No obstante, el carácter genérico de su enunciado hacía presagiar serias dificultades en cuanto hubiese que concretar su contenido en actuaciones. La formación morada y los sindicatos rechazan frontalmente ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones a 35 años, una propuesta deslizada por el ministro José Luis Escrivá. También suscitan controversia, entre otras, las medidas apuntadas para retrasar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la real, aplazar esta última y recortar la revalorización de las pensiones los años en los que la inflación sea negativa.

La crítica coyuntura obliga a combinar acciones que mejoren los ingresos y contengan un gasto desbocado –un 9% subió en 2019–, máxime con el retiro en ciernes de la generación del 'baby boom'. Pese al vértigo que implica la reforma, la inacción no es una alternativa. No hay más tiempo que perder. Cuanto más se aplace la toma de decisiones, más contundentes deberán ser estas. A día de hoy existen herramientas suficientes para buscar soluciones equilibradas que propicien cambios graduales en el sistema sin necesidad de bruscos recortes. Pero el Gobierno, los partidos y los agentes sociales no pueden llamarse a engaño: la salida, sea cual sea, exigirá algún tipo de sacrificios. Pretender lo contrario es un estéril ejercicio de demagogia.