Volverlo a hacer

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dio ayer otro pequeño paso en el repudio de la violencia, pero compensándolo con el anuncio de la investigación interna sobre la actuación de los Mossos y, especialmente, con la defensa de la moción parlamentaria pactada entre JxCat, ... ERC y la CUP sobre la autodeterminación, que trató de ligar a su declaración del pasado jueves prometiendo un referéndum inminente. La comparecencia con la que el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, enfatizó que asumía las consecuencias judiciales de la tramitación de esa moción, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, dio cuenta de la tenacidad con la que el conjunto del independentismo comulga con la frase favorita de Torra; «Ho tornarem a fer» (Lo volveremos a hacer). Tras la cuarta e infructuosa llamada telefónica a Pedro Sánchez, Torra por un lado y Torrent por el otro resolvieron dar la razón al presidente del Gobierno en cuanto a la imposibilidad de un diálogo político «sin condiciones», mientras los responsables de la Generalitat alienten de nuevo la idea de la desconexión unilateral respecto al resto de España. Idea que el presidente autonómico abraza con absoluto fervor. La moción acordada entre los tres grupos independentistas parece haber sido redactada con la intención de vindicar la legitimidad del parlamento a debatir libremente sobre lo que consideren sus integrantes, formulándolo al borde de la legalidad. Pero al desatender las reservas expuestas por los servicios jurídicos de la Cámara, y al asumir «las consecuencias» judiciales de la iniciativa, Torrent se mostró ayer consciente de que el texto suscrito por su partido -ERC- plantea serios problemas frente a las indicaciones del Tribunal Constitucional. Los tres grupos independentistas se han conjurado tras una propuesta de resolución que se vería después del 10-N, y cuya tramitación pondría a los miembros de la Mesa en riesgo de ser procesados por un delito de desobediencia. Era de esperar que cuando menos una parte del independentismo decidiera rehuir el desafío a la legalidad para evitar la judicialización continuada del 'procés'. Pero ayer volvió a demostrarse que la unidad secesionista nunca tiende a la moderación, sino que acaba rindiéndose a las exigencias de su vertiente maximalista. En este momento, a las exigencias de su parte más movilizada. Así es como el independentismo institucional se aleja, a cada paso, del diálogo pretendido; descartándose de la gobernabilidad del país tras el 10-N.