Violencia de tráfico

En pleno auge descriptor de innumerables variedades de violencia (física, psicológica, emocional, verbal, doméstica, machista, laboral, docente, sexual, institucional, de pareja, económica, cultural y hasta ginecológica), sorprende que aún no se haya tipificado una de las que más víctimas ocasiona en las sociedades desarrolladas: la violencia de tráfico. ¿Se deberá a esa perversa metonimia de atribuir la responsabilidad de los accidentes a los vehículos y no a sus conductores?

La variante más odiosa de este tipo de violencia es propia de la ley de la selva: el ataque del más fuerte, el tipo que va montado en algo, al más débil, el viandante. Si la cifra de muertos y heridos en pasos de peatones en España es más escandaloso que el de mujeres a manos de sus parejas, ¿por qué no se producen vigilias con flores y velitas o concentraciones de repulsa junto a los pasos de cebra después de cada atropello mortal? ¿Acaso su vida vale menos? ¿Por qué nos alarma e indigna más un tipo de violencia cuyas posibilidades de que nos afecte son mucho menores que las que nos aguardan cada vez que nos echamos a la calle? Ya sabemos que la clave para evitar esta lacra urbana es la educación, pero donde no la hay no queda otro recurso que aplicar sanciones ejemplarmente duras. No deberían considerarse «accidentes» o «imprudencias» estas auténticos atentados con resultado de lesiones graves e incluso muertes. Sin embargo, en 2016 se despenalizó el accidente de tráfico con la desaparición de los juicios de faltas, que eran gratuitos, pasando a la vía civil o de pago, con lo que las demandas se han reducido a la mitad. Muy bien para los sobrecargados juzgados y para las compañías aseguradoras pero muy mal para las víctimas de violencia de tráfico con menos recursos. Menos mal que, con su fina sensibilidad para la justicia social y su acérrima defensa del más débil, esto lo arreglan en dos días los nuevos amos de España.