Los 15 años de cárcel que la Fiscalía pide para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por espiar ilegalmente a Luis Bárcenas ponen de nuevo sobre el PP el foco de la corrupción y demuestran que esta no es necesariamente menos grave cuando no ... media un enriquecimiento personal ilícito. El uso de dinero público para sabotear presuntamente la acción de la Justicia mediante la búsqueda, por medios delictivos, de pruebas incriminatorias contra un partido y sus dirigentes con el único fin de hacerlas desaparecer es una imputación ante la que no pueden permanecer impasibles los populares. Esos turbios manejos, atribuidos a Fernández Díaz y a su 'policía patriótica' entre 2013 y 2016 ante el pánico que desató en el PP de Rajoy la posibilidad de que el extesorero destapara nuevas vergüenzas de la 'trama Gürtel', revelan una confusión inadmisible en democracia entre el Estado y los intereses de quienes forman el Gobierno. La presunción de inocencia de los encausados en el 'caso Kitchen' –del que ha quedado excluida María Dolores de Cospedal– no tiene por qué estar reñida con una actitud con ellos tan exigente como la que Génova reclama a otras fuerzas políticas en los escándalos que las salpican.
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