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La Iglesia católica está obligada a una búsqueda activa de la verdad, con todos los medios a su alcance, sobre los abusos sexuales cometidos durante décadas en su seno, que escandalizan a la opinión pública, atentan contra los principios que predica y dañan severamente su ... imagen. La auditoría que ha encargado a un bufete servirá para investigar las denuncias presentadas en las diócesis y abrir cauces para la recogida de otras nuevas. Se trata de una iniciativa valiosa, aunque tardía, acompañada de una petición pública de «perdón» a las víctimas y del anuncio de indemnizaciones por parte del presidente de la Conferencia Episcopal. Un paso adelante, en definitiva, junto a una firme promesa de llegar «hasta el final» que habrá que contrastar en su momento con la realidad de los hechos. Esta medida no exime a la Iglesia de una sincera colaboración con el Defensor del Pueblo –al que el Gobierno se propone encargar una investigación– y con cuantas instituciones persigan el esclarecimiento de unas prácticas repugnantes que no tienen cabida en una sociedad civilizada. De unos delitos, hayan prescrito o no, cuyos damnificados merecen reconocimiento, reparación y que resplandezca la verdad.
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