Ventajismo inadmisible

Es el caso del llamamiento de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, a que PP y Ciudadanos faciliten la investidura de Pedro Sánchez para que el Gobierno socialista pueda afrontar en las mejores condiciones la sentencia del Tribunal Supremo sobre los actos secesionistas de septiembre y octubre en Cataluña. No solo se trata de un emplazamiento ventajista y sobrevenido al inexplicable fiasco de la investidura fallida. Con sus declaraciones, Carmen Calvo reitera las menciones a esa esperada sentencia con las que el propio Sánchez descartó la presencia de Pablo Iglesias en un Ejecutivo presidido por él. Dando a entender que el Gobierno de Pedro Sánchez espera un auto severo en cuanto a las penas impuestas a los dirigentes independentistas; lo que reclamaría una capacidad de contención institucional a la altura de la reacción que tal supuesto induzca en el secesionismo.

Pronunciamientos reincidentes que afectan a la división de poderes. Porque si bien el Gobierno en funciones no se dirige al Tribunal Supremo condicionando su postura, es evidente que la sola apelación a las consecuencias políticas de su sentencia en relación a la investidura de Pedro Sánchez contraviene la escrupulosidad con la que debiera conducirse el Ejecutivo ante un asunto judicial tan delicado. Contravención que pasa a vulnerar los mínimos de una concurrencia respetuosa en el foro público partidario cuando se insta a PP y Ciudadanos a conformar algo parecido a un frente preventivo ante los efectos de una sentencia sobre la que los magistrados del Supremo podrían estar deliberando hoy. En la batalla más descarnada por el relato, Sánchez y Calvo creen así replicar eficazmente a las acusaciones de «banda» de Rivera o a los reproches de connivencia con el independentismo de Casado. Pero en ningún caso deberían hacerlo a cuenta de las resoluciones que adopte el Tribunal Supremo.