Venezuela, en crisis total

El año trascurrido desde que Nicolás Maduro jurara su cargo hasta 2025 ante un Tribunal Supremo a su medida -tras unas elecciones a las que no concurrió la oposición- y Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional ha acabado ahondando el abismo venezolano. ... La Policía del régimen ha impedido esta semana que parlamentarios contrarios a Maduro y el propio Guaidó accedieran a la Cámara para renovar su mandato. Culminaba así la deriva que ha llevado a Venezuela del autoritarismo chavista a la dictadura de Maduro, basada en el desgobierno del país y la anulación de facto del poder legislativo. 4,5 millones de venezolanos han huido al extranjero. De ellos, más de 24.000 se instalaron en España en la primera mitad de 2019, lo que convierte la crisis total en la que está sumido el país en cuestión también de nuestras instituciones. Hace un año la drástica división partidaria entre las fuerzas del régimen y las de la oposición pareció dar lugar a dos Gobiernos en toda regla, con Maduro manejando las riendas del poder interior y Guaidó reconocido en el ámbito internacional. Pero el primero se ha hecho fuerte sobre la desastrosa evolución de las condiciones de vida de los venezolanos. El régimen es consciente de su inviabilidad a medio plazo. También por eso se empeña en consolidar posiciones para afrontar la ineludible transición democrática en condiciones de ventaja. La celebración de unas elecciones libres, cuyo resultado sea asumido con todas sus consecuencias por el conjunto del arco político venezolano, constituye la puerta de salida a una situación que se vuelve dramática por momentos. Pero ello exigiría no solo que los venezolanos huidos al extranjero puedan ejercer sin traba ninguna su derecho de sufragio. Requeriría también la desmovilización y el desarme previo de las organizaciones chavistas, así como el desmantelamiento de estructuras de poder opacas al control parlamentario y judicial. Comenzando por la previa devolución de las instancias judiciales a los magistrados, y la conformación de una administración electoral fiable en cuanto a su neutralidad política. Es por ello que Maduro trata de acabar con el Parlamento como fuente de legitimidad para la transición. De entrada ya ha conseguido, mediante su cerco a los legisladores, que no haya una mayoría clara comprometida con el cambio democrático.