No vamos a volver a la casilla de salida

Con la aprobación del Real Decreto ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, en el que se recogían reivindicaciones históricas del sindicato, se iniciaba una nueva etapa en la que hemos vivido un gran impulso para la igualdad entre hombres y mujeres.

Así, en 2020, fruto del Dialogo Social, se aprobó el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad 3/2007, modificada por el RDL 6/2019, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en materia de planes de igualdad y de igualdad retributiva. Un nuevo avance para la consecución de la igualdad en el ámbito laboral, y en el seno de las empresas en las que tiene lugar el desarrollo de las relaciones laborales a través de la negociación colectiva.

Sin embargo, estos hitos llegan en el peor de los contextos, en medio de una gravísima crisis sanitaria sin precedentes por lo que se hace más necesario que nunca redoblar los esfuerzos frente a los retos que esta pandemia nos plantea, especialmente en cuanto al empleo y la igualdad de género, ya que esta situación ha evidenciado los desequilibrios y desigualdades entre mujeres y hombres y los importantes déficits de nuestro estado de bienestar y de protección social.

Los indicadores muestran, en este balance del año 2020, que seguimos con tasas de actividad, empleo, paro, retribuciones y asunción de responsabilidades familiares que representan brechas de género muy importantes.

La feminización de la precariedad, del trabajo a tiempo parcial, del trabajo de cuidados y la segregación ocupacional, continúa siendo una realidad. De hecho, la tasa de actividad femenina fue 10,7 puntos inferior a la masculina, la brecha salarial ascendió al 21,41%, el 74,03% del empleo a tiempo parcial fue femenino y el 57,66% de la población inactiva fueron mujeres, gran parte por dedicarse a los cuidados.

Además, la pandemia ha puesto una vez más sobre la mesa el problema estructural de los cuidados que recae injusta y mayoritariamente sobre las mujeres. La asunción de las tareas de cuidados familiares sigue siendo mayoritariamente femenina y, aunque aumenta por parte de los hombres en los permisos retribuidos (por la ampliación del permiso de paternidad), en los no retribuidos, las mujeres son abrumadora mayoría.

Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las graves consecuencias que esto tiene sobre las mujeres, tanto para aquellas que trabajan en el sector de cuidados como para las que compatibilizan trabajo y cuidados familiares -que, en los periodos más restrictivos de la movilidad y los confinamientos domiciliarios tuvieron que hacer frente a la situación con excedencias, despidos, reducciones de jornada, dobles y triples jornadas e incluso abandono del mercado laboral-, y la ausencia de buenas políticas de corresponsabilidad y de protección social.

Queda patente que es inaplazable dignificar el sector de cuidados, contar con servicios públicos de calidad en esta materia, adoptar más y mejores políticas de corresponsabilidad y compatibilidad de la vida familiar y laboral y de protección social igualitaria, algo que resulta imprescindible para toda la sociedad porque, aunque las consecuencias recaen sobre las mujeres, los cuidados son esenciales para todos.

En este contexto tan complicado, es necesario lograr un incremento del empleo de las mujeres y que este sea un empleo de calidad, eliminando los elementos de precariedad e infravaloración que caracterizan el empleo femenino. Para ello es prioritario exigir el cumplimiento de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación e impulsarlos en el ámbito de la negociación colectiva y diseñar una ley de igualdad salarial que luche contra la brecha de forma eficaz.

También es fundamental, reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, especialmente aquellos que afectan de forma más negativa a las trabajadoras y mejorar las políticas activas de empleo, y en especial, las dirigidas al incremento de la participación y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo.

Además, hay que aumentar los niveles de protección social en relación con las tareas de cuidados, desarrollar una reforma educativa basada en la coeducación que integre la educación en la igualdad y en el respecto a la diversidad, avanzar en la eliminación de las violencias machistas y no olvidar la importancia de ratificar, de una vez por todas, el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo digno de las trabajadoras del hogar y el 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Y tenemos que hacerlo ya, no podemos esperar a ver los efectos de la crisis sanitaria sobre las mujeres, debemos actuar de inmediato y con contundencia, para evitar que esta situación agrave las desigualdades. Para UGT, la igualdad efectiva es un objetivo prioritario y un principio irrenunciable.

Cristina Antoñanzas es Vicesecretaria General de UGT