Urge normalizar el transporte

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera concita el apoyo mayoritario de un sector sujeto a diferencias de interés entre las empresas con gran capacidad de contratación, flotas de vehículos y plantillas, respecto a los transportistas agrupados en la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte que son autónomos o pequeñas empresas que en buena medida prestan sus servicios a las primeras. La representatividad de éstas no tiene discusión. Pero tampoco impide que el parecer de la Plataforma sea tenida en cuenta, sin que la ministra Raquel Sánchez considere el acuerdo con el Comité tan «cerrado» que no pueda integrar mejoras para el sector.

El cuadro resultante de la negociación, con un descuento de 20 céntimos por litro de carburante del 1 de abril al 30 de junio como una medida con posible prórroga, con ayudas directas desde 1.250 euros por camión hasta 300 euros por vehículo profesional ligero, la ampliación de los plazos de vencimiento de los créditos ICO o el incremento del fondo destinado a facilitar la retirada del transportista, incluye medidas que pueden conciliar las necesidades inmediatas de los transportistas con la obligación que el Gobierno tiene de velar por el erario. Aunque buena parte de las ayudas acordadas van a ir dirigidas inevitablemente a compensar los efectos del propio paro. El Gobierno incurrió en dos serios errores. Su impasibilidad y su negativa a comunicarse con la Plataforma. Errores en los que no puede recaer en las próximas horas.