Último recurso

Illa y su Gobierno saben perfectamente que la única competición que existe en la España autonómica es, si acaso, la que se da por eludir responsabilidades posponiendo decisiones. El propio Ministerio de Sanidad se desdijo al promulgar el vigente estado de alarma pocos días después de que Fernando Simón considerara estable la evolución del COVID-19. Una situación que tiene visos de poder repetirse en muy poco tiempo si las tasas de incidencia y la presión hospitalaria no experimentan un repentino cambio a la baja y el Ejecutivo se ve obligado a dictar un real decreto que contemple el confinamiento domiciliario dentro del estado de alarma. Una medida que requeriría una duración temporal de quince días prorrogables o un mes bajo mayor control parlamentario.

Sería constitucionalmente cuestionable que mediante un nuevo estado de alarma o el actual ampliado el Gobierno central optase por delegar en los presidentes autonómicos la potestad de introducir o no una restricción tan severa de derechos y libertades sin supervisión judicial. Además, a salvo de alguna excepción, los datos epidemiológicos y del sistema sanitario resultan suficientemente homogéneos para el conjunto del país como para evitar distingos territoriales en su eventual aplicación. Lo lógico es que, llegado el caso, la asuma el propio Ejecutivo para toda España sin menoscabo para el desempeño competencial de las autonomías.