Última prórroga

Lo que Pedro Sánchez presentó ayer como un paso de la «cogobernanza» a la «gobernanza» es la consecuencia lógica de los notables progresos en el control del virus. Pero también una muestra de su propia debilidad. De la autosuficiencia con la que ha abordado hasta ahora el proceso cabe concluir que la medida es más fruto de la obligación que de la convicción. El precio que, tras exhibir sin contemplaciones una concentración de poder inédita y alejada de sus penurias parlamentarias, se ha visto forzado a pagar por el nuevo apoyo del PNV al estado de alarma y por la abstención de ERC, que recomponen provisionalmente la mayoría de la investidura y garantizan el éxito en la votación del miércoles. Un Ejecutivo desgastado por sus conflictos internos y por una errática gestión de la crisis sanitaria no podía permitirse un revés tras haberse dejado jirones de credibilidad en el último pleno de ese tipo al ser descubiertos sus engaños a sus socios de ocasión y haber desatado una tormenta política por su incomprensible pacto con EH Bildu.

Dada la evolución del virus, solo justifican el estado de alarma las limitaciones a la libertad de movimientos que, aunque muy relajadas, aconsejan prolongar los asesores sanitarios del Gobierno y que es dudoso puedan ser impuestas con la legislación ordinaria. Tras el final de la desescalada, Sánchez deberá buscar fórmulas para responder a eventuales rebrotes sin recurrir a medidas de excepción cuyo uso también ha de serlo. Su empecinamiento en no asumir la menor autocrítica es comparable con el de endosar a «provocaciones» ajenas el inadmisible comportamiento del vicepresidente Pablo Iglesias al atribuir intenciones golpistas a la oposición.