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Los desprecios del futuro Ejecutivo regional a la colaboración público-privada se sostienen en unos prejuicios impropios de una sociedad 4.0 a la que Concha Andreu promete encauzar a La Rioja en sus diferentes variables tales como la sanidad 4.0 o la educación ... 4.0, entre otras.
Esos vetos vienen a replicar el mismo tañido efectista sobre la galería que la «orden inmediata» de retirada de las tropas de Irak de Rodríguez Zapatero en el 2004. El expresidente justificó su decisión en que era un compromiso adquirido con la ciudadanía un año antes. En el 2019 es la futura jefa del Ejecutivo regional la obligada a hacer honor a la palabra dada a las diferentes plataformas que se arrogan defensoras únicas y legítimas de 'lo público'. Y de 'la gente'. Mejor dicho, de una parte de 'la gente', pues por definición excluyen a quienes creemos que los recursos del sector público para atender a los ciudadanos son limitados y necesariamente -con los controles más exhaustivos que se imaginen- necesitan de la concurrencia de las empresas privadas. Una cooperación que -algunos interesadamente olvidan- evitó el colapso del servicio nacional de salud y de sus adláteres autonómicos durante la espantosa crisis de la última década.
Y ahora que vamos de cabeza a un nuevo apagón económico de impacto impredecible, el futuro Ejecutivo regional justifica hipócrita la próxima batida regulatoria de su acción de Gobierno en semejantes prevenciones. Porque lo digo claro: en su punto de mira están de forma especial, por no decir exclusiva, Viamed y Alcaste-Las Fuentes, a los que exhibirá como trofeos para solaz de su 'gente'.
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