Un tránsito de dos meses

Tanto el enorme dolor que ha azotado a miles de familias como el sacrificio realizado hasta la fecha por la inmensa mayoría de los ciudadanos requerían un clima de mayor cohesión partidaria e institucional. De igual modo, la implicación social que comporta la desescalada y que exigiría cualquier contratiempo en el tránsito hacia la normalidad ha de ir acompañado de la máxima corresponsabilidad entre los grupos parlamentarios y las distintas instancias del Estado autonómico. Pedro Sánchez apeló ayer de pasada a la necesaria unidad. Pero no dio señal alguna de disponerse a buscarla y pasó por alto que las diferencias partidarias podrían dejar al Ejecutivo sin el recurso constitucional del estado de alarma. Por otra parte, los criterios de gradualidad, asimetría, coordinación y adaptabilidad exigen tal sintonía entre la Administración central y las comunidades que de poco sirve el enunciado de las fases 1, 2 y 3 cuando cada una de ellas requiere una estrecha colaboración entre todas ellas, las empresas y la sociedad civil. Solo así será posible acondicionar establecimientos y espacios públicos, establecer nuevos horarios en los hábitos y consumos sociales, y adecuar las pautas generales a las demandas ciudadanas que no contradigan necesariamente los óptimos de distanciamiento físico e higiene fijados de manera general.

Parece sensato que la desescalada no se inicie con un calendario cerrado y que su avance esté condicionado a la marcha de la epidemia. Pero las incógnitas sobre el momento que esta atraviesa y el seguimiento de su evolución devuelven la carga de la prueba a un Gobierno que se ha mostrado incapaz de ordenar los datos disponibles, de despejar la confusión sobre los test y su validez, y de fijar un plan verosímil para el desarrollo de los estudios en que ha de basarse el inmediato desconfinamiento. Algo parecido ocurre con el requisito expuesto ayer por el presidente de que el sistema de salud cuente con las capacidades estratégicas que permitan afrontar eventuales rebrotes del virus. La «autoridad única» que consagra el estado de alarma no puede limitarse a definir las condiciones de la desescalada, sino que ha de aportar los medios financieros y materiales que la hagan posible junto a las comunidades autónomas, que han de ser intérpretes principales de la asimetría y de la «nueva normalidad».