Un tránsito de dos meses

EDITORIAL ·
El plan de desescalada de Sánchez parece razonable, pero llama la atención que afronte un proceso tan complejo con la misma autosuficiencia con la que abordó el estado de alarma

Diario La Rioja

Miércoles, 29 de abril 2020, 08:53

Pedro Sánchez anunció ayer las líneas maestras del plan con el que el Gobierno pretende reducir las restricciones impuestas para combatir la pandemia. Un proceso gradual, ordenado en cuatro fases, con objetivos intermedios en todas ellas y que se prolongaría al menos hasta finales de ... junio, con la previsión de que hasta entonces se extendería el estado de alarma. La propuesta, que incluye la paulatina apertura de comercios –incluida la hostelería– y locales de ocio con un aforo reducido y otras acciones preventivas para evitar contagios, parece razonable. Pero llama la atención que el presidente afronte este complejo reto con la misma autosuficiencia con la que abordó la puesta en marcha de las drásticas medidas para contener el Covid-19 sin contrastar previamente sus intenciones con las demás fuerzas políticas y presentando a las comunidades autónomas como meras gestoras de lo que dicte la «autoridad única». También que lo haga sin disponer, por un incomprensible retraso en la compra de material, de un mapa fiable sobre el impacto del virus en el conjunto del país, para el que tendrá que esperar varias semanas hasta conocer los resultados de la encuesta serológica recién comenzada.

Tanto el enorme dolor que ha azotado a miles de familias como el sacrificio realizado hasta la fecha por la inmensa mayoría de los ciudadanos requerían un clima de mayor cohesión partidaria e institucional. De igual modo, la implicación social que comporta la desescalada y que exigiría cualquier contratiempo en el tránsito hacia la normalidad ha de ir acompañado de la máxima corresponsabilidad entre los grupos parlamentarios y las distintas instancias del Estado autonómico. Pedro Sánchez apeló ayer de pasada a la necesaria unidad. Pero no dio señal alguna de disponerse a buscarla y pasó por alto que las diferencias partidarias podrían dejar al Ejecutivo sin el recurso constitucional del estado de alarma. Por otra parte, los criterios de gradualidad, asimetría, coordinación y adaptabilidad exigen tal sintonía entre la Administración central y las comunidades que de poco sirve el enunciado de las fases 1, 2 y 3 cuando cada una de ellas requiere una estrecha colaboración entre todas ellas, las empresas y la sociedad civil. Solo así será posible acondicionar establecimientos y espacios públicos, establecer nuevos horarios en los hábitos y consumos sociales, y adecuar las pautas generales a las demandas ciudadanas que no contradigan necesariamente los óptimos de distanciamiento físico e higiene fijados de manera general.

Parece sensato que la desescalada no se inicie con un calendario cerrado y que su avance esté condicionado a la marcha de la epidemia. Pero las incógnitas sobre el momento que esta atraviesa y el seguimiento de su evolución devuelven la carga de la prueba a un Gobierno que se ha mostrado incapaz de ordenar los datos disponibles, de despejar la confusión sobre los test y su validez, y de fijar un plan verosímil para el desarrollo de los estudios en que ha de basarse el inmediato desconfinamiento. Algo parecido ocurre con el requisito expuesto ayer por el presidente de que el sistema de salud cuente con las capacidades estratégicas que permitan afrontar eventuales rebrotes del virus. La «autoridad única» que consagra el estado de alarma no puede limitarse a definir las condiciones de la desescalada, sino que ha de aportar los medios financieros y materiales que la hagan posible junto a las comunidades autónomas, que han de ser intérpretes principales de la asimetría y de la «nueva normalidad».