Torra y el victimismo

Las instituciones democráticas han de encarnar la representación del conjunto de la sociedad, sea cual sea su composición partidaria en cada momento. Sus integrantes y los partidos cuyos electos las conforman podrán defender las ideas y demandas que consideren. Pero no están legitimados para proceder a una utilización 'de parte' de las instituciones como tales. Este criterio básico en un sistema pluralista se vuelve imperativo en período electoral. El presidente de la Generalitat no puede negarse a cumplir el requerimiento de la Junta ni enfrentándose a la instancia que regula los procesos electorales en aplicación de la correspondiente ley orgánica, ni mediante un rodeo de argucias e indisposiciones que mantengan los edificios de la Generalitat como auténticos carteles de campaña a favor de la mitad del arco parlamentario catalán.

La Junta Electoral Central advirtió ayer a Torra de que en caso de eludir sus indicaciones podría incurrir en responsabilidades administrativas e incluso penales. Algo que el presidente de la Generalitat sabe perfectamente. Tanto que es posible que, para hacer gala de la impronta de activista que se le adjudica por alguna misteriosa razón, le tiente la idea de hacer frente a una sanción de hasta 3.000 euros e incluso la de verse investigado por la Fiscalía por desobediencia. Al fin y al cabo, se trataría de una leve vulneración de la legalidad que le permitiría sentirse perseguido político. A nadie se le oculta que, aun al margen de sus inclinaciones personales, Torra no está en condiciones políticas de atender el requerimiento de la Junta Electoral.

Con toda probabilidad, tratará de sumarse a los encausados en el juicio por el 1-O a través de esta puerta lateral para así completar la triangulación épica entre los presos, los autoexiliados y su testaferro en el Palau de la Generalitat. Un cartel equívoco de campaña, a mayor gloria de las pretensiones de Puigdemont frente a Junqueras.