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La garantía de nuestro sistema público de pensiones reside en incrementar los recursos que lo financian. Una forma sería elevar los salarios, lo que conllevaría un aumento de las cotizaciones, aunque tras la carnicería económica desatada por el COVID, solo el sector público se permite ... avances, que el privado ni se plantea.
Pero el empleo, y no será porque el Banco de España no lo viene advirtiendo, no es suficiente para mantener el poder adquisitivo de los mayores. No ya el de los pensionistas actuales, sino el de los futuros. No lo lograría ni con una tasa de actividad del 70%, ni con un paro del 5%. Aun imaginando que se alcanzase ese escenario, el empleo solo conseguiría financiar el 60% del gasto en pensiones y el 40% restante habría que pagarlo con otros recursos.
¿Y de dónde sacarlos? Pues o reduciendo gastos, lo que parece un imposible, o recurriendo a impuestos, como la subida porcentual de lo que los activos abonamos a la Seguridad Social a través de nuestras nóminas. Esta es la fórmula propuesta por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Un alza de cotizaciones del 0,6%: el 0,5% a cargo de las empresas y el 0,1%, de los trabajadores. Con permiso de la inflación, una décima no compromete la capacidad de gasto, no condicionan decisiones de consumo, no reduce la recaudación de los impuestos indirectos. Pero es una falsa ilusión. Los 5.000 millones que el Gobierno espera ingresar son como poner una tirita a una paciente que necesita la UCI.
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