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El pulso que los dos socios de la Generalitat catalana, ERC y Junts, vienen manteniendo a pesar de gobernar en coalición ha adquirido en los últimos días tintes abiertamente desafiantes. El hecho de que el portavoz de los neoconvergentes, Albert Batet, emplazara a Pere Aragonès ... a someterse a una cuestión de confianza si no quiere cumplir con el pacto entre estos dos independentismos, y lo hiciera en el transcurso del debate parlamentario de política general, llevó este miércoles al presidente catalán a convocar una reunión de urgencia del consejo ejecutivo para interpelar a su vez a los consejeros de Junts sobre si esa era también su posición; posición que los aludidos ratificaron ya por la noche. La idea expuesta por Aragonès de alcanzar un 'acuerdo de claridad' para la convocatoria pactada de un referéndum en Cataluña inquieta a los unilateralistas de Junts. Tampoco les satisface su disposición a hablar entre los socios sobre la agenda de la mesa de diálogo con Madrid, la unidad de acción de sus respectivos grupos parlamentarios en las Cortes y el establecimiento de una dirección estratégica para el 'procés', porque temen que se quede en nada. La propia lógica independentista hace que Junts tienda a ser rehén de sus sectores más radicales. La andanada de Batet representa, si no es enmendada de manera formal, la retirada de la confianza de ese partido al presidente de la Generalitat.
Es insostenible que ambos socios de gobierno pretendan continuar navegando entre dos aguas. Los tutelados por Puigdemont, entre el mantenimiento de su poder institucional y la desestabilización permanente de la Generalitat. Los tutelados por Junqueras, entre la búsqueda de un entendimiento ventajoso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la perpetuación de la mayoría independentista como fórmula exclusiva para la gobernación de Cataluña.
La reunión de Pere Aragonès con sus consejeros no podía ni acabar con la coalición de Gobierno ni zanjar la crisis. Pero la única manera de que la Generalitat salga del atolladero al que le aboca la constante reivindicación de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 es la disolución de la Cámara autonómica y la convocatoria de nuevas elecciones. Siempre y cuando Esquerra se atreva a concurrir a ellas cuestionando la imperiosidad de que los independentistas sigan pilotando la comunidad catalana en solitario.
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