La huelga iniciada hace una semana tras la convocatoria de una plataforma minoritaria de transportistas ha ido sumando adhesiones entre profesionales y pequeños empresarios, mientras se retiraban los piquetes o se limitaban a un propósito informativo. Adhesiones como que ayer anunció Atradis-Rioja que han ... respondido, sobre todo, a la incapacidad de mantener la actividad en carretera con los costes disparados y sin ningún horizonte inmediato de mejora. Las marchas lentas de infinidad de camiones ofrecieron ayer la imagen de un problema que urge resolver. Al tiempo que tiende a normalizarse el suministro de productos de consumo en algunos territorios, se asiste a un nuevo colapso de aprovisionamientos industriales que paraliza la producción de empresas clave o está a punto de hacerlo. Una paradoja que aflora divisiones en el sector a las que el Gobierno no debería recurrir para soslayar sus responsabilidades.
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Una semana ha sido suficiente para demostrar que la pretensión del Ejecutivo de soslayar la protesta bajo el supuesto de que respondía a pulsiones ultras no era más que un recurso evasivo. La posibilidad real de rebajar impuestos directos e indirectos sobre los combustibles es muy limitada para España dentro de la UE, de modo que solo cabe atender a las necesidades del transporte mediante subvenciones, si acaso con el soporte de un eurofondo para combustible que sufrague los sobrecostes derivados de la guerra en Ucrania. Puede resultar demagógico exigir soluciones evitando concretar las cuantías de los cambios fiscales precisos o el origen de las ayudas reclamadas. Todos los partidos deberían contenerse a ese respecto. Pero hay algo que está siendo reprochable en la actitud del Gobierno: su manifiesta incomparecencia pública. Atradis denunciaba ayer, para argumentar su apoyo al paro, esa inacción del Ejecutivo que se manifiesta en su obstinada evasión remitiéndose al improbable logro de un consenso en el Consejo Europeo de esta semana que lo arregle todo en cuanto a los requerimientos de los camioneros. Independientemente de que sean mayoritarios o no en el sector, la interlocución con el transporte está tan en entredicho que el Ejecutivo no puede continuar escurriendo el bulto. Una semana hasta que el Consejo de Ministros del 29 de marzo adopte medidas se antoja eterna. El compromiso de 500 millones en subvenciones anunciado este lunes puede relajar la situación, pero no garantiza que el Gobierno zanje el conflicto en siete días.
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