Septiembre se presenta este año como un mes cargado políticamente de proyectos y obligaciones. Cuando la vacunación de la covid ha alcanzado ya cotas tranquilizadoras, habrá que completar el esfuerzo y comenzar a plantear la hipotética tercera vacunación. Pero en lo político, el designio más ... consistente y necesario es la redacción de los Presupuestos Generales del Estado, que deben organizar la aplicación de los fondos Next Generation que han comenzado ya a llegar y que, en el marco de unas cuentas equilibradas, deben acomodarse a unos compromisos concretos que impulsen y consoliden la recuperación.

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No existe plena unanimidad en el seno de la coalición gobernante al respecto de los Presupuestos: mientras Unidas Podemos insiste en que incluyan medidas fiscales –al menos un mayor gravamen a las rentas más altas–, la vicepresidenta económica cree que todavía es necesario mantener la fase expansiva para recuperar el ritmo de crecimiento prepandemia y para abordar con la suficiente energía la modernización del país, impulsada por las ayudas comunitarias; si se impone esta tesis, la reforma fiscal se haría el año que viene. Pero no solo debe ponerse de acuerdo consigo misma la coalición. También será preciso negociar con los socios habituales, en particular con los nacionalistas catalanes, para lo cual es indispensable que se ponga en marcha la mesa de diálogo y que lo haga atinadamente; ya es claro que Junts tratará de poner palos en las ruedas del proceso, por lo que es fundamental que socialistas y republicanos mantengan el 'feeling' que les ha traído hasta aquí.

Hay otras reformas pendientes que depararán arduas discusiones como la ley de vivienda, en la que PSOE y UP parecen aproximarse; la reforma laboral, que está en manos de los agentes sociales y que el Gobierno solo definirá si el deseable acuerdo no llega; la ley de seguridad ciudadana, que aborda asuntos sumamente sensibles o la aprobación la ley de Memoria Democrática. El curso político comenzará con un conjunto de actuaciones interrelacionadas entre sí, que saldrían muy beneficiadas si la reentrada se produjera en un clima más calmado y pacífico. Si así fuera, cabría resolver incluso la renovación de los órganos constitucionales. Los partidos deben aparcar sus diferencias y cumplir con el deber de poner en orden el juego institucional, absurdamente deformado por razones que ni siquiera se pueden explicar de forma inteligible.

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