Derecho a defensa

La atrocidad cometida desacreditó internacionalmente a Hamas por el crimen de guerra perpetrado, pero el conflicto desencadenado que comenzó como un acto de defensa israelita está tomando unos visos que han llevado a Israel, incluso, a agredir varias veces posiciones humanitarias de la ONU con una prepotencia aparente que va más allá de la repetida excusa justificativa del desmantelamiento de las posiciones de Hamás enmascaradas tras los escudos de la población civil; población que se ve abocada a ser el blanco del conflicto por parte de unos y otros sufriendo los bombardeos y destrucción consecuentes, no solo en Palestina sino también en el Líbano.

La armada israelita niega la intencionalidad de atacar las posiciones de la ONU bajo el manido argumento de que son actos colaterales para destrozar a los líderes de Hamas vivos y sus posiciones, pero sus acciones rozan convertirse en actos de violencia que pudieran llegar a calificarse crímenes hacia la humanidad. El caos provocado supone no solo la ruina para Palestina y el Líbano y una tortura para todas las familias de civiles afectados, sino que el estado hebreo aparenta actuar en una impunidad que le lleva a menospreciar la seguridad de las fuerzas de la ONU y lo que representan como orden mundial. Parece estar menos interesado en un alto el fuego que en seguir la potencial tentación de aprovechar una situación que inicialmente le permitió ejercer de agredidos defensores ante una masacre sin causa, para convertirla en una ocasión que remodele una región por la fuerza, por encima de la ONU.

Una coyuntura que pudiera carecer de límites, en la que los civiles palestinos, libaneses y potencialmente iraníes no deciden que las armas hablen sino que están atrapados en una situación manejada por unos gobernantes que quizás piensen menos en sus pueblos que en su ambición político-religiosa. Escenario en el que Israel, Estado que debe su existencia al derecho internacional, está pasando de tener el derecho de defenderse que nadie niega, a convertirse en un agresor que encara posiciones de la ONU poniendo en cuestión la legitimidad de continuar por el camino emprendido.